La acusación, que agrupa a los familiares de 70 menores, muertos en 2022 al parecer por la ingestión de un jarabe contra la tos de fabricación india, demandan 230 mil dólares por cada una de las víctimas al fabricante, Maiden Pharmaceuticals y al distribuidor Atlantic Pharmaceuticals.
En el banquillo de los acusados aparecen también la Agencia de Controles Médicos, el Ministerio de Salud y el fiscal general, Dawda A. Jallow, a quienes se exige admitir que los niños murieron de fallas renales por consumir medicamentos contaminados.
El proceso fue demorado en julio y pospuesto en octubre debido a que los cinco acusados se abstuvieron de asistir a la audiencia.
Desde el estallido del escándalo el gobierno gambiano creó una fuerza de tarea para investigar el caso la cual concluyó en julio pasado que cuatro jarabes contra la tos y el catarro importados de la India y vendidos sin receta médica, son los responsables de la muerte de los menores.
El gobierno gambiano anunció que explora emprender acciones legales contra la farmacéutica india después que la Organización Mundial de la Salud anunció que sus análisis de laboratorio mostraron la presencia en los jarabes de cantidades inaceptables de glycol dietyleno y glicol etileno.
Ambos compuestos químicos son empleados como anticongelantes y no son aptos para consumo humano.
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