En un comunicado el magistrado dijo que “se ordenó a las autoridades penitenciarias no ponerlo en libertad por tener proceso pendiente”, sin embargo el sujeto fue arrestado en México y deportado a Estados Unidos.
En su mensaje dirigido a los “distorsionadores de la verdad y los que la defienden”, Salazar precisó que fue juez contra el crimen organizado durante 15 años tiempo en el que “condené, absolví, denuncié a funcionarios de administraciones públicas actuales y pasadas, políticos y toda clase de pandilleros”.
Certifiqué y ordené realizar investigaciones ante la existencia de delitos de autoridades públicas corruptas y de otros tipos de delincuencia organizada, que califique en su momento como “Gánster políticos”, aseveró.
En el caso de Canales, puntualizó el letrado, que fue condenado a 60 años de reclusión pero un tribunal superior redujo la sentencia a 40 años y ordenó ponerlo en libertad por haber superado los 24 meses el plazo de detención.
Ante esta situación, se ordenó a las autoridades penitenciarias no ponerlo en libertad por tener procesos pendientes por extorsión, entre otros, agregó Salazar.
Las autoridades nunca respondieron a esas demandas y guardaron silencio, dijo, y puntualizó que es necesario esclarecer porqué una persona condenada y con procesos pendientes evade la ley y en forma inconsulta es liberado, lo “cual no es usual en la realidad penitenciaria”.
Esta semana la captura del cabecilla de las maras MS13, el “Crook”, el 8 de noviembre en Tapachula, México, fue noticia en El Salvador.
Según el diario El Mundo, el sujeto es uno de los 14 pandilleros que fue acusado de cargos por terrorismo en una corte de Nueva York, Estados Unidos, el 14 de enero de 2021.
El terrorista, según la calificación de la ley salvadoreña, es uno de los 12 cabecillas de la Mara Salvatrucha que conformaron la ranfla nacional, el alto mando de la temida pandilla que causó terror en las últimas décadas en El Salvador.
«Crook», de 47 años de edad, guardaba arresto tras una condena de 10 años de cárcel por proposición y conspiración por homicidio agravado y otros 30 años por homicidio agravado.
Según periodistas que tuvieron acceso a los expedientes, guardaba arresto desde el 2000, y su pena aún no había terminado, señaló El Mundo.
Indican los medios que el reo fue sacado del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, departamento de La Paz, donde purgaba su pena de prisión, sin especificar la forma en que se burló la justicia y cómo vivió unos días en un lujoso apartamento en San Salvador, de donde fue sacado del país presuntamente por un funcionario de gobierno.
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