Este pacto de 57 años propone la negociación directa hasta que las partes encuentren una salida “satisfactoria y práctica”, manifestó la alta funcionaria en entrevista con una televisora local.
Subrayó que estas negociaciones políticas deben ser directas, pacíficas y amistosas.
El Acuerdo establece también que el Laudo Arbitral de París de 1899 sobre la Guayana Esquiva fue resultado de un fraude, por lo que las autoridades venezolanas lo consideran ilegal e írrito, además de impedir la explotación de los recursos valiosos naturales existentes en esa zona.
Rodríguez comentó sobre la celebración del referendo consultivo del 3 de diciembre en defensa del Esequibo y afirmó se trata de un mecanismo “completamente legal” recogido en la Constitución en su artículo 71 para consultar asuntos de interés nacional.
La también ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior enfatizó que sobre esa base las autoridades guyanesas no tienen ningún derecho a intervenir u opinar.
Al respecto, consideró una violación al derecho internacional y de la carta magna venezolana la decisión de Guyana de acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a solicitar derogue tres de las cinco preguntas establecidas en la consulta popular.
Remarcó que la República Bolivariana no reconoce la jurisdicción obligatoria y automática de la CIJ, que esta semana deberá realizar las audiencias con las partes para abordar este asunto.
La vicemandataria manifestó que con este paso Guyana interfiere en los asuntos internos de Venezuela y se comporta de nuevo como lo que aprendieron a ser: “un cónclave colonialista, un enclave imperialista”.
Patentizó que a su país nadie lo detendrá para celebrar el referendo, ni el presidente guyanés, Irfaan Ali, ni la Exxon Mobil, aunque compre funcionarios.
La semana pasada comenzó una campaña de movilización por los 23 estados más Caracas y en los 335 municipios dirigida a explicar y concientizar al pueblo sobre la consulta popular, que sumó tanto a sectores del oficialismo como de la oposición.
oda/jcd
