De acuerdo con el diario Página 12, LLA continúa sembrando sospechas sobre el proceso electoral como lo hizo antes de la primera vuelta de los comicios generales y durante las últimas semanas, cuando sus miembros sugirieron la posibilidad de fraude.
Esta jornada, el apoderado nacional de esa formación, Santiago Viola, confirmó que la organización liderada por Javier Milei decidió enviar menos boletas y el resto será llevada por los fiscales de mesa a los colegios habilitados para la cita en las urnas.
La víspera, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires alertó sobre la insuficiencia de la cantidad entregada que, en algunos casos, no llega a un cuarto de la cifra máxima sugerida.
Además, señaló que LLA incumplió la forma de entrega, pues lo hizo en cajas cerradas o bolsas negras, lo cual dificulta su control y verificación.
«Ejerciendo la libertad de elegir, y a los fines de evitar roturas, robos y sustracciones, decidimos redoblar los esfuerzos a través de nuestros fiscales para que sean ellos quienes las cuiden y repongan”, indicó Viola.
La normativa establece que el Estado debe proveer a las listas competidoras los fondos para imprimir las boletas y cada agrupación tiene que entregar a las mesas la cantidad máxima que prevé el padrón para cada una de ellas, además de una cantidad adicional para hacer frente a cualquier contingencia.
En octubre de este año, la Cámara Nacional Electoral (CNE) criticó las “invocaciones de fraude sin fundamento que desinforman a la opinión pública y socavan la democracia”.
Desde antes de los comicios generales del 22 de ese mes, simpatizantes de LLA comenzaron a difundir supuestas irregularidades y una página web registró denuncias anónimas que fueron consideradas como un intento de desestabilización por la Justicia.
La CNE debió publicar un comunicado explicando que cualquier señalamiento debe ser presentado por los canales legales previstos, es decir, de forma presencial, con una identificación y ante las autoridades de mesa, delegados, juzgados y fiscales con competencia.
El alto nivel de garantías que aseguran el respeto de la genuina expresión de la voluntad popular en la República Argentina, con mecanismos imparciales para resolver reclamos e incidencias, es un elemento reconocido no solo en el ámbito nacional, sino también por la comunidad internacional, señaló.
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