Un comunicado difundido la víspera por esa organización señala que, luego de tres días de diálogo con ciudadanos, comunidades, diputados y funcionarios del Ejecutivo hondureño en resistencia permanente y contra las llamadas zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), estas privatizan la soberanía nacional.
Añadió que tales efectos son parecidos a los del golpe de Estado en 2009 que despojó al pueblo hondureño de sus derechos a la autodeterminación y causó 12 años y siete meses de destrucción a la seguridad, prosperidad y soberanía del país.
Destacó el escándalo de corrupción público y privada excepcional de las Zedes, y lo calificó como un “abuso autoritario en los derechos más sagrados del pueblo hondureño por el interés pirata sórdido y mezquino de corporaciones extranjeras”.
Afirmó que el verdadero nombre de la ZEDE es “nuevo colonialismo corporativo”, y representan una violación de la soberanía hondureña y de los derechos sociales económicos y ambientales de sus ciudadanos.
Según la delegación internacional de diplomáticos, parlamentarios, analistas y expertos que trabajaron en la capital hondureña el pasado fin de semana, las Zedes constituyen una amenaza no solo para el país centroamericano, sino para todos los pueblos de América Latina y el Caribe.
Al respecto, acordaron construir el movimiento internacional por Honduras en resistencia, y convocar aliados del mundo para contribuir a la lucha actual por la refundación democrática del país de los pinos.
De igual modo, concertaron acompañar a Honduras en la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que asume el año próximo, entre otras acciones.
El proyecto de las Zedes fue aprobado aquí en 2013, y en junio de 2021 recibió el aval de la Corte Suprema de Justicia.
En abril del año pasado el Congreso Nacional de Honduras derogó la ley sobre la creación de esas zonas, tras una fuerte presión social y política.
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