El diputado Rodolfo Sanz presentó una propuesta de acuerdo en la reunión ordinaria de este martes, que rechazó la medida y señaló que el bloque de países sigue los pasos de Estados Unidos.
La UE redujo el lapso de las medidas ilegítimas hasta mayo del 2024, indicó, y apuntó que la arrogancia y prepotencia no deja concretar una flexibilización por parte de los «dueños del mundo».
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, declaró que mientras exista una sanción de la Unión Europea contra un connacional y la República Bolivariana, ellos estarán impedidos de acudir al país sudamericano para “observar alguna elección”.
“Están violentando los acuerdos de Barbados”, subrayó el legislador, al referirse a los documentos firmados en Barbados entre el Gobierno venezolano y la opositora Plataforma Unitaria, sector extremista de la derecha nacional, que contempla a la UE como invitada para acudir a los comicios del 2024.
Mientras permanezca una sola sanción inocua contra Venezuela, ellos estarán incumpliendo la ley y los principios de soberanía y autodeterminación, contenidos en el acuerdo de Barbados y los que deben firmar con el Poder Electoral, recalcó.
Rodríguez comentó que están muy cerca de divulgar conversaciones secretas sostenidas con algunos agentes extranjeros, porque no cumplieron con algunos de los postulados y elementos del acuerdo.
El Ministerio para Relaciones Exteriores emitió ayer un comunicado, en el cual rechazó lo que llamó “arrogante e ilícita” decisión de la UE de prorrogar las ilegales medidas coercitivas unilaterales en contra del pueblo bolivariano.
Con esta decisión, la Unión Europea refleja ante la comunidad internacional, una vez más, la continuidad de su política injerencista en los asuntos internos de la República Bolivariana, con la aplicación de medidas «degradantes, dañinas e injustas», afirmó.
Denunció que en este caso, “pretenden castigar a ciudadanos venezolanos que ejercen sus funciones en el marco de la ley”.
La nota reiteró el contenido de la resolución de la ONU, aprobada por la mayoría de los Estados miembros el pasado 7 de noviembre, la cual destacó que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional, al Derecho Internacional Humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados.
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