Los uniformados pertenecen a unidades de fuerzas especiales de la Policía y su presencia en el kilómetro 262 de la carretera Pânamericana Sur tiene el objetivo de frustrar el cierre de la vía anunciado por dirigentes del llamado Barrio Chino, ubicado a la vera de la ruta.
El jefe de la Policía de la región de Ica, José Zavala, declaró que no se ha identificado a los convocantes de la protesta que pretende extenderse hasta el próximo 7 de diciembre, cuando se cumplirá un año del inicio de la presidenta Dina Boluarte en reemplazo del detenido y destituido Pedro Castillo.
La medida de fuerza fue anunciada por dirigentes del Barrio Chino, siete de los cuales fueron liberados en días pasadas tras cumplir nueve meses de prisión preventiva por su participación en las protestas desatadas tras el ascenso de Boluarte a la Presidencia.
Los dirigentes Joel Vega, Luis Alcides Castillón, Yony Mendoza, Wilber Huamaní, Felimón Huamaní, Ezequiel Fernández y Junior Guzmán, seguirán siendo investigados en libertad por los presuntos delitos de disturbios y resistencia a la autoridad.
La fuerte presencia policial parece tener un efecto disuasivo, pues hasta el mediodía no había asomo del bloqueo, aunque en otras oportunidades, como en las protestas contra el ascenso de Boluarte, lograron cerrar la vía pese a un despliegue similar.
Entretanto, persisten diferentes conflictos, como el paro de profesores de las universidades estatales, por mejores salarios, que hoy cumplió 51 días sin solución, a la que siguieron marchas de catedráticos en la norteña ciudad de Chimbote y otros puntos del país.
Los pobladores de la ciudad de Huanta, por su parte, marcharon masivamente en demanda del cese de operaciones de empresas mineras en las proximidades de las siete lagunas ubicadas en la provincia del mismo nombre.
“Agua sí, mina no”, coreaban los marchistas, según los cuales la minería puede contaminar las lagunas y afectar el suministro de agua para el consumo de la población y para el riego de los cultivos.
De otro lado, ante la inminencia de eventuales protestas de profesionales de la salud de los servicios estatales, como enfermeras, odontólogos, farmacéuticos y otros, el ministro del ramo, César Vásquez, les pidió una tregua hasta diciembre para gestionar fondos para atender el pedido de cumplimiento del pago de aumentos salariales pactados años atrás.
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