El ente investigativo, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), además de requerimientos en torno al ahora presidente electo, incluyó al también legislador de esa agrupación Samuel Pérez.
Dentro del total de ocho solicitudes al TSE en un término de 24 horas, sobresalió una copia certificada de todos los oficios mediante los cuales el Semilla entregó las hojas de adhesión y afiliación en el 2018.
A pesar de que autoridades indígenas exigen desde hace 45 días ante el MP la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, conminaron al TSE a comunicar quiénes fueron los secretarios generales de esa fuerza desde su constitución.
Aparte, a la propia entidad encargada de los sufragios el MP reclamó los nombres de su director general, de informática, del padrón electoral, registrador de ciudadanos, auditor e inspector electoral y subsecretario del 2018 a la fecha.
No obstante a que entidades locales e internacionales calificaron de ilegales las maniobras de la Fiscalía, esta demandó copia certificada de la toma de posesión de los actuales magistrados titulares y suplentes del TSE.
La FECI requirió igualmente detallar si el pleno del órgano comicial trasmitió a su Registro de Ciudadanos sobre el oficio del 29 de mayo último relacionado con las aparentes ilegalidades cometidas por Movimiento Semilla.
Otra solicitud está vinculada a la fecha de inicio y finalización del periodo electoral, mientras el MP citó para mañana a Alejandra Chiroy, quien era jefa del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones.
El propio Arévalo reiteró desde el 1 de septiembre pasado, que Porras encabeza un intento de golpe de Estado para evitar que tome posesión del gobierno el 14 de enero de 2024.
Organizaciones indígenas y sociales convocaron a protestas en las calles el 2 de octubre pasado contra el actuar de la Fiscalía y en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas.
Las movilizaciones de los líderes ancestrales y múltiples entidades sumadas cambiaron de estrategia al centrarse en un plantón ubicado ante la sede del MP.
Analistas señalan lo inaudito de un caso declarado “bajo reserva”, la persecución continua contra el presidente electo y su partido, así como la violación por parte de la Fiscalía de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
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