El grupo integrado por varias organizaciones llegó primero ante la Corte Suprema de Justicia, donde pidió a sus magistrados que actúen conforme a derecho y cumplan con su papel.
La movilización incluyó la sede de la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público (MP), aparte de exigir al Congreso que asuma su compromiso con los principios democráticos, en vista de decisiones sobre las Cortes, el presupuesto de la nación, entre otras.
Líderes ancestrales y múltiples entidades sumadas a las protestas iniciadas el 2 de octubre último cambiaron la estrategia de bloqueos de carreteras y se centraron en un plantón frente a la sede de la Fiscalía, que cumple 45 días consecutivos.
Representantes del movimiento de tejedoras señalaron que van a “acuerpar la demanda que hay contra Porras para reclamar su dimisión, así como varios de sus funcionarios por las maniobras contra los pasados comicios”.
De acuerdo con declaraciones de las participantes, apoyarán las jornadas de protestas hasta que se concrete la toma de posesión del próximo gobierno el 14 de enero de 2024.
Sobre la propuesta del Ministerio de Gobernación de que desalojen el frente del MP, la alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, departamento de Sololá, Emilia Ulario, advirtió que se trata de una nueva provocación al pueblo.
El síndico de la Municipalidad Indígena de Sololá, Édgar Tuy, alertó antes, por su parte, a las autoridades de esa cartera que podrían salir nuevamente a las calles porque quieren vulnerar su derecho de protesta.
El MP del país, considerado un instrumento del Pacto de Corruptos, ordenó allanar la sede del Tribunal Supremo Electoral por presuntas anomalías en los comicios disputados el 25 de junio y 20 de agosto pasados, lo cual conllevó a una crisis inédita en Guatemala.
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