Los venezolanos tenemos derecho a consultarnos y a escucharnos, “nadie puede negar o fraccionar este derecho”, subrayó la vicemandataria al presentar su alegato de defensa ante la solicitud de la nación vecina a la Corte de suspender el referendo consultivo del 3 de diciembre.
Rodríguez enfatizó que en Venezuela no “hay nada por encima de la Constitución” y aseguró que el referendo es un todo “único e indivisible” y representa las diversas visiones y aspiraciones de la sociedad venezolana.
La también ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior manifestó que su país tiene un sólido sistema institucional que “vela por la constitucionalidad y legalidad de la actuación de los poderes públicos”.
Aseveró que ese sistema fue activado y, a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, se confirmó la institucionalidad de las cinco preguntas del referendo consultivo. Esa posición, puntualizó, está reflejada en cada una de las preguntas de la consulta popular y añadió que “esto es lo que nos diferencia de la conducta infractora y desviada de Guyana”.
La vicepresidenta ejecutiva declaró que el Estado venezolano “no dará la espalda a lo que el pueblo decida en la consulta”, y afirmó que «nada evitará» la realización del referendo consultivo del 3 de diciembre en defensa de la Guayana Esequiba.
Rodríguez aseveró que Venezuela siempre ha sido respetuosa del Acuerdo de Ginebra y del derecho internacional.
Sobre la decisión de Guyana de acudir a la CIJ, denunció que esa nación “no solo decidió abandonar y violentar el Acuerdo de Ginebra de 1966, sino que ahora pretende transgredir el orden internacional”.
Además de promover en cambio, dijo, el sistema político venezolano con “una acción intervencionista y temeraria” que procura instrumentalizar la Corte Internacional de Justicia contra Venezuela, en “una clara línea de acción de colonialismo judicial».
Venezuela basada en la Carta de las Naciones Unidas y del estatuto de esa Corte, “reafirma su categórico rechazo a la acción temeraria de Guyana, que busca inmiscuirse en sus asuntos internos”, remarcó.
Al presentar sus consideraciones la víspera ante la CIJ, el representante guyanés, Carl Greenidge, señaló que la convocatoria al referendo viola el derecho internacional y podría traer consecuencias irreversibles para la solución de la controversia territorial.
Guyana solicitó a la Corte que Venezuela no proceda con el referendo consultivo en su forma actual, no incluya las preguntas primera, tercera y quinta, y se abstenga de realizar cualquier acción que pueda agravar o ampliar la controversia ante la CIJ o dificultar su resolución.
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