El diario El Mundo destaca este jueves que “Crook”, cabecilla de la MS-13 y uno de los miembros de la temida Ranfla Nacional, centro de dirección de las maras, fue trasladado a una prisión de Nueva York y acusado por narcoterrorismo luego de su arresto en México el 7 de noviembre.
En Estados Unidos enfrenta cargos por narcoterrorismo, confirmó el miércoles el Departamento de Justicia en un comunicado.
“El arresto de este líder de alto rango y desde hace mucho tiempo de la MS-13, debería de servir como una advertencia a los otros líderes de la MS-13 que el Departamento de Justicia lo hará responsable de sus crímenes”, aseguró el Fiscal General de Estados Unidos, Merrick B. Garland.
Cuando fue acusado en 2011 por los estadounidenses, el terrorista estaba bajo custodia de El Salvador cumpliendo una pena de cárcel, pero luego fue liberado por el Gobierno a finales de 2021, pese a existir una solicitud de extradición.
La acusación del “Crook” acumula cargos de “conspiración para prestar y ocultar apoyo material a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración de narcoterrorismo”.
En relación a este caso el Departamento de Justicia recordó que en 2021 y 2022, Estados Unidos solicitó la extradición de 11 de sus coacusados, incluido Borromeo Enrique Henríquez, también conocido como “Diablito de Hollywood”, quien es ampliamente reconocido como el miembro más poderoso de la Ranfla Nacional.
En la actualidad no hay una explicación plausible sobre la liberación del pandillero, ni como un funcionario del gobierno del presidente Nayib Bukele lo ayudó a salir hacia Guatemala, pese a recomendaciones de un exjuez para que no fuera liberado por tener otras causas pendientes.
Una publicación del periódico digital El Faro reveló meses después como funcionarios del actual gobierno facilitaron la salida y el traslado del «Crook» a territorio guatemalteco, algo sobre lo que guardan silencio funcionarios del sector de prisiones y tampoco hay pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
El tema es usado por voceros de partidos políticos para acusarse de mantener negociaciones con las pandillas, tanto en la época de gobierno del partido Arena como la del Frente Farabundo Martí, y también por el actual gobierno que niega los contactos con esos grupos criminales.
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