En conferencia de prensa en esta capital, las organizaciones ancestrales reiteraron su defensa de la democracia ante la persecución contra estudiantes, docentes universitarios, diputados y el binomio presidencial electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
“Estén atentos y llamamos a toda la población a activarse, porque esta lucha no es solo de las autoridades indígenas, es de todos y por lo tanto hay que elevar más la cantidad de población que debe manifestarse”, expresaron.
El líder Salvador Quiacain, del colectivo Comunidad Tz’unun Ya’ del municipio San Pedro la Laguna, departamento de Sololá, expresó que la comunidad internacional sabe que quienes aquí salen a defender sus derechos pueden ir presos.
Pero, subrayó, realizamos la invitación porque el futuro está en riesgo, pues “no son acciones de las autoridades indígenas las que escalan la agresividad o los conflictos, sino que es el propio Estado”, remarcó.
La alcaldesa indígena de Palín, Escuintla, Alida Vicente, aseveró que el sistema de justicia de Guatemala ya está colapsado, por lo cual buscan denunciarlo a nivel internacional.
Además, pretenden evidenciar que hay un uso excesivo de la fuerza y de la ley penal, “al servicio de las élites y de los corruptos”, agregó.
La semana pasada y antes pasada, muchos criminales que tienen delitos de lesa humanidad, quedaron impunes y libres, ejemplificó, en abierta referencia a decisiones de tribunales favorables a exmilitares participantes en una masacre.
“¿Cómo es posible que ahora el mensaje que están enviando es a criminalizar a la juventud y docentes universitarios, a los jóvenes conscientes y críticos?”, expuso Vicente.
Por ello, convocamos a todos los líderes ancestrales del país para que acuerpen desde los distintos territorios la lucha que empezó desde más de 40 días y continuará hasta encontrar cambios favorables para el país, destacó.
La Fiscalía contra el Patrimonio Cultural, apoyada por la Policía Nacional Civil (PNC), realizó la víspera desde horas tempranas 31 diligencias de allanamiento, inspección y registro en seguimiento a la pesquisa en curso.
Al menos cinco personas fueron detenidas y llevadas a una cárcel de esta urbe: la excanditada a diputada por el partido Movimiento Semilla Marcela Blanco, Javier de León, el decano Rodolfo Chang, el ingeniero Alfredo Beber de la Facultad de Ingeniería y Eduardo Velásquez, exdecano de Economía.
La toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) durante 386 días ocurrió en rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de altos estudios, que calificaron de fraudulenta.
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