Esta acción está dirigida a preservar el derecho de los venezolanos a elegir y proteger con su voto los derechos inalienables sobre la Guayana Esequiba, declaró en su cuenta X, antes Twitter, el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez.
El máximo órgano judicial venezolano en una sentencia divulgada anoche invalidó cualquier decisión o actos materiales de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, organismos internacionales y Estados que “desconozcan, impidan o pretendan obstaculizar” el derecho de Venezuela.
Asimismo, el derecho a participar en el referendo consultivo del venidero 3 de diciembre, aprobado por el Parlamento y convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en defensa de la Guayana Esequiba.
El falló subrayó que cualquier acción de ese tipo que vaya en contra de la soberanía, independencia e integridad territorial “no tendrán ninguna validez ni eficacia jurídica”, por lo cual deben ser desconocidas por “todos los órganos que ejercen el poder público, así como por toda persona natural o jurídica.
La sentencia remarcó también que la República Bolivariana “no reconoce” los fallos viciados de nulidad como es el caso del Laudo de París de 1899, según establece el artículo 10 de la Constitución nacional.
Reafirmó que el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero 1966 es el único instrumento válido del derecho internacional para alcanzar la resolución pacífica de la disputa territorial entre la República Cooperativa de Guyana y Venezuela.
El veredicto del TSJ ordenó al presidente de la República, Nicolás Maduro, en ejercicio de sus competencias, continuar la protección de los derechos e intereses de la República, en torno a esta “causa histórica nacional” sobre la Guayana Esequiba.
También ordenó al CNE continuar en el marco de sus competencias con los trámites necesarios para garantizar el derecho a la participación política de los venezolanos, en la consulta popular de diciembre.
Guyana inició una demanda ante la Corte Internacional de justicia (CIJ) en 2018 para validar el Laudo Arbitral de París de 1899, que las autoridades venezolanas consideran nulo e írrito.
El 30 de octubre presentó ante la Corte medidas provisionales para que la CIJ suspendiera la consulta popular hasta tanto no se pronuncie sobre ese fallo, además de proponer suspender tres de las cinco preguntas.
En los descargos presentados el pasado martes en el tribunal de la ONU, el representante guyanés, Carl Greenidge, planteó que las interrogantes están “lejos de ser neutrales” y vio en el referendo una amenaza para la integridad de su territorio.
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