Mediante un comunicado, el grupo de 13 organizaciones, entre ellas el reconocido Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), llamó a las nuevas autoridades de ese alto tribunal a preservar el Estado de derecho en el país.
Ante la incertidumbre generada por maniobras continuadas del Ministerio Público (MP) contra los comicios pasados y el binomio presidencial electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, las Cámaras calificaron de crucial este momento.
El rol de la CSJ –señalaron- “no solo se define por sus acciones judiciales, sino también por su inquebrantable compromiso con los valores y principios que constituyen nuestra República”.
“Estamos unidos en la expectativa de que sus decisiones reflejen un respeto inmutable por nuestra Constitución y los principios de justicia que ella consagra”, remarcaron.
La nación observa con esperanza, anticipando que, como magistrados, procederán con la independencia e imparcialidad que su cargo demanda, en cualquier caso que sea presentado ante ustedes, subrayaron.
De igual manera, confiamos en que su criterio abonará a la transición democrática del poder hacia las autoridades, prevista para enero del año próximo, concluyeron también la Cámara del Agro, de la Construcción, de la Industria, entre otras.
Una última investigación del MP, presentada el pasado jueves y llamada Toma de la USAC: Botín Político, implicó a Arévalo y Herrea con las protestas en el principal recinto de estudios superiores, del 19 de mayo de 2022 hasta el 9 de junio de 2023.
Estudiantes, catedráticos, legisladores y además los abanderados de Semilla se manifestaron entonces en contra de la considerada fraudulenta votación que impuso a Walter Mazariegos como rector.
El MP solicitó a la CSJ retirar la inmunidad a Arévalo y Herrera, aparte de los diputados Samuel Pérez, Román Castellanos, Adán Pérez, Carlos Barrera y Aldo Dávila, así como el legislador electo Raúl Barrera.
Frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, el presidente electo afirmó que “Guatemala duele porque nuestras instituciones están en crisis”.
El MP de Consuelo Porras no busca la justicia, quedó claro que están dispuestos a perseguir a personas inocentes por sus opiniones y posturas políticas, subrayó.
Para Arévalo, lo que ocurre demuestra la desesperación y ambición de un pequeño grupo, no obstante, el grado al que llevaron la persecución no puede ser tolerado, aseveró.
Diferentes organizaciones guatemaltecas e internacionales condenaron las maniobras judiciales contra miembros de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y advirtieron que el MP ponía en riesgo otra vez la transición de Gobierno.
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