En la capitalina Plaza de los Derechos Humanos, frente a la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la entidad, Byron Barrera, solicitó el apoyo de toda la sociedad, de los principales actores, de la iglesia especialmente, para que repiquen campanas en esa fecha.
Instó a unirse a la campaña por la libertad de expresión ese Día del Periodista, y a la ciudadanía a que a las 18:00, hora local, use bocinas de sus automóviles, que suenen sartenes y cacerolas en respaldo a los derechos y a las garantías constitucionales.
“Creemos que esto es una de las tantas acciones que podemos aportar”, expresó Barrera, en relación al reclamo porque cese la persecución del Ministerio Público (MP) y en favor de la libertad de los detenidos por trasmitir sus opiniones.
El representante del sector periodístico local se sumó a las protestas organizadas por organizaciones indígenas, que cumplen 50 días ante la sede de la fiscalía general reclamando la renuncia de su máxima figura, Consuelo Porras.
“Estamos en una coyuntura muy difícil, pues pretende burlarse la voluntad popular expresa en las urnas”, consideró el presidente de la APG.
No estamos en favor de ningún partido ni de candidato alguno, sino que creemos que debe respetarse el voto emitido por la población, aclaró.
A su lado, el vicepresidente de la entidad, Mario Recino, comentó que si ahora por emitir pronunciamientos están siendo criminalizados estudiantes, docentes e investigadores, posteriormente va a ser contra los ciudadanos, subrayó.
El paso jueves el MP presentó una nueva investigación y, sobre esta, realizó 31 diligencias de allanamiento, inspección, registro de viviendas, así como llevó a prisión a cinco personas.
Con el llamado caso Toma de la USAC: Botín Político, el MP implicó al binomio presidencial electo con las protestas en el principal recinto de estudios superiores de la nación del 19 de mayo de 2022 hasta el 9 de junio de 2023.
Estudiantes, catedráticos, legisladores y también los abanderados de Semilla se manifestaron entonces en contra de la calificada de fraudulenta votación que impuso a Walter Mazariegos como rector.
Diferentes organizaciones guatemaltecas e internacionales condenaron las maniobras judiciales contra miembros de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y advirtieron que el MP ponía en riesgo otra vez la transición de Gobierno.
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