En conferencia de prensa frente a la sede de ese ente investigativo, el presidente de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán, Luis Pacheco, precisó que se encuentran presentes en articulación para llamar a la cordura.
El líder de esa organización ancestral pidió al MP que no continúe con la criminalización y no cree figuras delictivas inexistentes, menos en un momento inoportuno, calificó, en referencia al cambio de Gobierno a concluir el 14 de enero próximo.
Mediante un comunicado leído en el lugar, las autoridades indígenas recordaron que a partir de su llamado a las protestas el pasado 2 de octubre se incorporaron miles y miles de personas de distintos pueblos.
“Logramos momentáneamente parar el golpe e ir construyendo articulación y unidad, fue evidente en todos los territorios y departamentos la capacidad y poder que se logró para defender la voluntad popular expresada en las urnas”, consideraron.
Ahora –agregaron- hacen conciencia sobre la necesidad de mantener el respaldo “de lo poco que nos queda de democracia” ante los intentos de una minoría que quiere anular las votaciones e impedir que tomen posesión las autoridades ganadoras.
Advirtieron que con los antejuicios en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la aprobación del Presupuesto de la nación de 2024 y las leyes contra el pueblo, es claro que el centro de las decisiones se trasladó al Congreso.
Un grupo de diputados cómplices del mandatario del país, Alejandro Giammattei, con el objetivo de seguir con la corrupción y los beneficios para ellos, quieren tomar decisiones en los últimos 10 días, antes que termine su periodo ordinario, señalaron en el texto.
Rechazaron que legisladores continúen hundiendo a esta tierra en la miseria y corrupción y decidan a espaldas de la población, tal como lo hicieron el 19 de noviembre del año 2020, en plena Covid-19 y con el impacto de las tormentas Eta e Ioata.
Repudiaron que el MP nuevamente atente contra la población al montar un caso espurio sobre la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), donde criminaliza al binomio presidencial electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
El doble objetivo de esa acusación –subrayaron- es intentar impedir la toma de posesión, aterrorizar para que nadie se exprese o manifieste su opinión contra de corrupción y las ilegalidades cometidas por los funcionarios públicos.
Las autoridades indígenas denunciaron que en varios departamentos podrían estar montando casos en su contra, cuando están actuando con el apoyo y mandato de la población de cada una de las comunidades originarias.
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