Convocados por autoridades indígenas de Sololá, cientos de vehículos (taxis, mototaxis, microbuses, buses urbanos y extraurbanos, así como camiones) avanzaron sobre la calzada Roosevelt hacia el centro histórico de esta urbe.
También se unieron transportistas de Huehuetenango, Quetzaltenango y Chimaltenango, quienes portaron banderas y carteles con frases como “Fuera Pacto de Corruptos” o “Seguimos en resistencia por la democracia”.
En el trayecto pidieron a la Policía Nacional Civil (PNC) que dejara pasar a algunos de sus compañeros debido a los puntos de control instalados, pues “no venimos a confrontar”, expresaron autoridades indígenas.
“No defendemos ningún partido político. Venimos a defender la poca democracia que queda en Guatemala. ¡Únanse!”, manifestó uno de los participantes.
Como pueblo tenemos derecho a trasmitir nuestro descontento por las acciones del MP y del Congreso, subrayó frente al ente investigativo uno de los líderes, quien denunció primero que la PNC no dejó avanzar a los buses.
Un dirigente ancestral explicó que la convocatoria fue “un ensayo”, “la próxima se van a venir todos” y que esperan que en lo adelante más personas se unan a la lucha contra la corrupción.
“Hemos dejado familia, trabajo, porque queremos rescatar nuestra querida Guatemala”, aseveró, y exhortó a que renuncie la fiscal general Consuelo Porras, entre otros.
La Municipalidad Indígena de San Juan Comalapa, Chimaltenango, la Alcaldía Indígena de Sacapulas, Quiché, los pueblos Iximulew y Kaqchiquel expusieron antes la falta de interés del Estado en atender las peticiones de las comunidades originarias.
A partir de una investigación presentada el pasado jueves, el MP solicitó a la Corte Suprema de Justicia el retiro de la inmunidad a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, binomio presidencial electo.
Implicó a los abanderados del partido Movimiento Semilla con las protestas en la Universidad San Carlos de Guatemala del 19 de mayo de 2022 hasta el 9 de junio de 2023.
Estudiantes, catedráticos, diputados, Arévalo y Herrera se mostraron entonces en contra de la calificada de fraudulenta votación que impuso a Walter Mazariegos como rector.
Los hechos provocaron que entidades locales e internacionales condenaran las intervenciones judiciales contra miembros de la USAC y advirtieran que el MP ponía en riesgo otra vez la transición de Gobierno.
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