En una primera y segunda vueltas de sufragio fueron 52 votos a favor y 18 en contra, y el asunto va ahora a la Cámara de Diputados.
Por tratarse de una PEC, era necesario la papeleta favorable de al menos 49 senadores en las dos deliberaciones.
A pesar de que la iniciativa partió de la oposición, algunos gobernadores dieron votos decisivos para la aprobación.
De autoría del senador Oriovisto Guimarães, la propuesta tiene como blanco principal las decisiones monocráticas (individuales), aquellas tomadas por un único ministro en juzgados superiores.
Según la PEC, no podrán ser emitidas para suspender la eficacia de una ley o acto de los presidentes de la República, del Senado o de la Cámara baja.
«Es la búsqueda de un equilibrio entre los poderes, que pasa por el hecho de que las decisiones del Congreso Nacional, cuando hace una ley, que es sancionada por un presidente de la República, puede tener declaración de inconstitucionalidad», indicó en la semana el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
Pero, aclaró, «que lo sea por los 11 ministros y no individualmente por uno».
En períodos de receso del Poder Judicial, cuando el titular de la corte, generalmente de guardia, queda apto para tomar decisiones de forma monocrática, esa prerrogativa es mantenida.
Sin embargo, el acto debe ser juzgado por el pleno del tribunal en un plazo de 30 días.
La PEC forma parte de un paquete en análisis por el Senado, en respuesta a seguidas decisiones del Supremo, como el juicio que puede despenalizar el porte de drogas y declarar inconstitucional el marco temporal de las tierras indígenas.
Al respecto, Pacheco negó que haya algún tipo de desagravio al Supremo: «No es respuesta, no es represalia, no es ningún tipo de revancha. No tenemos ni motivo para ello», precisó.
Para Guimarães, la propuesta no tiene el objetivo de perjudicar la relación entre los poderes o de venganza contra la Corte Suprema.
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