Como funcionario de la embajada estadounidense aquí desde 1981 a 1984, Mc Kay testificó en el Centro Judicial de Chalatenango ante la jueza del caso de los cuatro comunicadores emboscados y asesinados en 1982 en Santa Rita, del mismo departamento del norte del país.
El testigo mencionó lo que él encontró en el lugar, cómo fue la escena del crimen, qué tipo de casquillos de los disparos se encontraron, cómo eran las heridas en los periodistas.
Según su experiencia militar, los contactos y las formas de trabajo que tenía aquí, manifestó con bastante claridad que este crimen solo pudo ser ordenado desde la cúpula castrense.
Esa orden debió salir del ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada en coordinación con otras autoridades, puntualizó.
Mencionó que para el crimen debieron realizar trabajo de seguimiento e inteligencia, según confirmó el director de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu), Pedro Cruz, abogado litigante del caso y quien estuvo en el salón donde se brindó el testimonio.
Cruz remarcó que lo más importante del testimonio fue la acusación de que la Fuerza Armada de El Salvador, desde sus esferas más altas, planificó la emboscada y asesinato de Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag, los periodistas que cubrían el conflicto armado salvadoreño.
Esta es una diligencia judicial muy importante en nuestra exigencia de verdad y justicia. Cada vez se comprueba más que el asesinato de los cuatro periodistas fue una emboscada planificada al más alto nivel de la Fuerza Armada de El Salvador», mencionó el presidente-director de la Fundación Comunicándonos, Oscar Pérez, citado por el diario VOCES.
Este caso fue llevado ante los tribunales en 2018, cuando la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (Adehesu) y la Fundación Comunicándonos, en representación de los familiares de los periodistas y con el acompañamiento de la Embajada de los Países Bajos para Centroamérica, presentaron la acusación penal en contra de los presuntamente involucrados en el crimen de lesa humanidad.
Como resultado, en octubre de 2022 la jueza del caso ordenó la detención del exministro de Defensa general José Guillermo García y el exdirector de la Policía de Hacienda coronel Francisco Antonio Morán, quienes se encuentran bajo resguardo policial en un hospital privado, alegando no poder estar en una cárcel por motivos de salud.
Otros de los imputados, el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, acusado de haber planificado el crimen y residente en Estados Unidos, enfrenta un proceso de extradición.
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