En conferencia de prensa, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, detalló resultados de las investigaciones dentro del caso “Corrupción Semilla”, que implica además a dos diputados de esa agrupación política.
El funcionario expresó que pedirán el retiro de inmunidad a los actuales diputados, Samuel Pérez y Ligia Hernández, secretario general y secretaria general adjunta número 1, relacionados con siete hallazgos del manejo de las finanzas en la fase constitutiva de esa fuerza.
Curruchiche vinculó a Arévalo con la adquisición de una propiedad valorada en 44 mil dólares, cuyo dinero utilizado permanece sin esclarecer, por lo cual instarán a Estados Unidos, a través de sus agencias, para que investiguen la procedencia.
Mencionó que el trabajo de su órgano por las distintas ilegalidades relacionadas con el proceso electoral y Semilla, amplio ganador de los pasados comicios, continúa en desarrollo.
El MP remarcó asimismo las órdenes de aprehensión contra Jaime Gabriel Gudiel y Cinthya Rojas, integrantes de la agrupación por los delitos de falsedad ideológica con agravación electoral, quienes se presume se encuentran fuera del país.
En cuanto al proceso de los sufragios de junio y agosto, Curruchiche planteó que existió “sabotaje” en su manejo e irregularidades en la operación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la alteración de documentos.
La agente fiscal Leonor Morales explicó que durante el allanamiento de septiembre último en el Parque de la Industria, sede del archivo comicial, establecieron que el Tribunal Supremo Electoral incurrió en ilegalidades en el resguardo de las cajas con las papeletas.
A raíz del sorprendente triunfo en primera vuelta de Semilla y su abanderado Arévalo, el MP divulgó el caso denominado “Corrupción Semilla”, por supuestas firmas falsas en la conformación del partido político.
Ante las maniobras seguidas de ese ente investigativo, calificadas de ilegales, organizaciones indígenas y sociales convocaron a protestas en las calles el 2 de octubre pasado en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas.
Las movilizaciones de los líderes ancestrales y múltiples entidades sumadas cambiaron de estrategia al centrarse en un plantón ante la sede del MP, que cumple este viernes 67 días en busca de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
Analistas señalan lo inaudito de un caso declarado “bajo reserva”, la persecución contra el presidente electo y Semilla, así como la violación por parte de la Fiscalía de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
lam/znc
