El documento precisó que también son transgredidos el derecho al trabajo, la justicia y la igualdad, según los resultados de las entrevistas realizadas a mil 220 personas en la segunda encuesta nacional sobre el tema y las consultas regionales con diferentes funcionarios.
Ulloa explicó que el reporte atribuyó la violación de derechos en el país a la insuficiente cobertura del seguro de salud, el despojo del aseguramiento al momento de la pensión, la exclusión de enfermedades como la salud mental y los altos costos de los servicios, según la opinión del 67 por ciento de los encuestados.
Para el 25 por ciento de los entrevistados las clínicas y hospitales son espacios de vulneración de derechos, agregó.
En la preparación del Informe también se tomaron en cuenta tres mil 300 menciones al tema en los medios de comunicación y se concluyó que en el 67 por ciento de los casos la valoración del derecho a la salud fue negativa, puntualizó.
En ese sentido, explicó que esa puntuación es derivada de la confrontación entre el Colegio Médico y las Administradoras de Riesgo de Salud, las muertes neonatales, incidencia de dolencias y el estado de los hospitales.
El documento mencionó aspectos positivos como las construcción de centros hospitalarios, las campañas de prevención de enfermedades y los recursos destinados por el Gobierno para mejorar la atención en salud, detalló.
Por otra parte, el 53 por ciento de los encuestados dijo que la Policía Nacional es la institución que menos los respeta, y mencionaron el abuso, la arbitrariedad, la represión psicológica y física, así como el uso desproporcionado de la fuerza y la crueldad entre las acciones más frecuentes de esa institución.
Acerca de este tema, Ulloa manifestó que tiene amplias expectativas de que el proceso de reforma policial, que impulsa el Gobierno, dote al país de una institución respetuosa de los derechos humanos.
Puntualizó que el reporte citó el trabajo infantil, la discriminación y la trata de personas con fines de explotación sexual y comercial entre los problemas que enfrenta la sociedad.
Además, el derecho a la justicia es el menos garantizado para el 26 por ciento de los interrogados; el 78 por ciento dijo que las leyes no aplican a ciertos grupos privilegiados, y solo el 21 por ciento consideró que todas las personas son iguales ante la ley.
El 53.4 por ciento opinó que existe desigualdad hacia las personas con algún tipo de discapacidad.
Acerca de la integridad personal, los preguntados dijeron que es violentada por acciones de las bandas criminales, los hechos delictivos en general, los intercambios de disparos entre individuos y ciudadanos, apresamientos ilegales y denuncias de atropellos, entre otras causas.
El Informe Nacional se dio a conocer este viernes en ocasión de la conmemoración el próximo domingo del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
mgt/mpv
