Así lo alertó la ONU tras señalar que la nación caribeña es la segunda con más reportes de feminicidios en América, con 2.9 por cada 100 mil féminas.
Solo en junio pasado se contabilizaron 11 decesos por esa causa en el territorio nacional, en tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostuvo recientemente que una de las asignaturas pendientes del país es reducir la violencia contra ese grupo de la población.
Las cifras en realidad no sorprenden porque es una situación que se vive semana tras semana en el país. Ya al cierre del primer semestre el Ministerio de la Mujer señaló que los feminicidios subieron un 23.5 por ciento en ese período, en comparación con enero-junio de 2022.
En varias ocasiones la Fundación Vida Sin Violencia ha llamado al Gobierno a que revise las políticas públicas con énfasis en la implementación de campañas que fomenten el respeto a la mujer, la educación desde la primera infancia en valores de igualdad y derechos, además de mecanismos que garanticen protección a las denunciantes.
Mes tras mes la prensa local recoge historias desgarradoras de muertes violentas por razones de género, mientras las cifras ponen en jaque a las autoridades que enfrentan, en el orden social, uno de sus principales retos.
No es que el actual gobierno o los anteriores fueran indiferentes a esos sucesos, pero los números corroboran que aunque las autoridades amplían hoy los programas de concientización, las políticas públicas son insuficientes para detener los homicidios contra mujeres en el ámbito doméstico o laboral.
Una investigación de la Institución Global Democracia y Desarrollo corroboró que en 43,6 por ciento de los asesinatos cometidos de 2016 a 2022 en República Dominicana, la víctima ya estaba separada del provocador y lo había denunciado por acoso ante las autoridades.
Analistas coinciden en señalar que Un estudio de la Institución Global Democracia y Desarrollo demuestra que en 43,6 por ciento de los asesinatos cometidos de 2016 a 2022, la víctima ya estaba separada del provocador y lo había denunciado por acoso ante las autoridades.
Analistas coinciden en señalar que para arrancar de raíz el problema se precisa fortalecer el sistema de justicia y destinar más recursos del Estado a prevenir y abordar los actos de fuerza.
Esto incluye el desarrollo de programas de atención integral a las víctimas, la realización de campañas de sensibilización y la consolidación de las instituciones a cargo de velar por la igualdad y protección de ese grupo de la población.
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