Al divulgar una carta dirigida al jefe de Estado días atrás, el abanderado del partido Movimiento Semilla señaló que estas incongruencias afectarán la gestión pública, el bienestar social y el desempeño económico del próximo año.
Señaló los cambios incorporados al documento tanto en el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso (unicameral) como por medio de enmiendas presentadas durante la sesión plenaria del pasado 30 de noviembre.
“Varias disposiciones menoscaban la autoridad, competencia y rectoría que los ministros tienen en toda la República para los asuntos propios de su ramo y de las políticas públicas correspondientes a sus funciones sustantivas”, acotó.
Las normas impuestas –agregó el sociólogo de profesión y académico- constituyen un abuso de la facultad legislativa para modificar el presupuesto presentado por el Organismo Ejecutivo.
El ganador de los pasados comicios profundizó en lo anterior con diferentes artículos y sumó asignaciones de dinero “cuestionables, opacas y que inducen a la corrupción”.
Incluyó proyectos de inversión no planificados y sin justificación técnica que permita entender por qué se priorizan por sobre otros similares que las comunidades están demandando en todo el territorio nacional.
Mencionó la reducción arbitraria de las inversiones sociales con impacto negativo en el bienestar social y el crecimiento económico, entre otras como la priorización de gasto público a favor de organizaciones no gubernamentales.
Pese a los reclamos, el Congreso aprobó el Presupuesto General para 2024, ascendente a 124 mil 879 millones 970 mil quetzales (casi 16 mil millones de dólares), sin considerar las más de 160 enmiendas presentadas por Semilla.
Giammattei tiene 15 días para vetarlo a partir de que lo reciba del Organismo Legislativo, según regula el artículo 178 de la Constitución de Guatemala.
Diferentes organizaciones sociales reclamaron al mandatario este paso, debido a la forma en que los diputados validaron el proyecto.
“Poco técnico e inefectivo, el cuál continuará promoviendo corrupción y despilfarro de los recursos públicos en todo el aparato del Estado y sus instituciones”, subrayó, por ejemplo, el Consejo Nacional Empresarial.
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