La Cámara Baja debatirá en sesión extraordinaria el documento, en medio de protestas de la mayoría de los sectores en todo el país contra el contenido del documento, que impone límites a la seguridad social de importantes sectores.
Los debates en la frustrada primera reunión de la mañana revelaron dudas e incertidumbres entre los diputados sobre el controvertido proyecto de legislación, al que se le atribuyen facultades extraordinarias del Estado sobre los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra el seguro social del país.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ni siquiera pudo iniciar la sesión ordinaria de este miércoles, al carecer de quorum, por la inasistencia o retirada previa de los parlamentarios, y convocó a otro encuentro para cerca del mediodía.
Diputados opositores y otros de partidos como Fuerza Republicana conformaron un bloque de apoyo a las multitudinarias manifestaciones en la mayoría de los 17 departamentos, que en la capital abarcan también las inmediaciones del Congreso Nacional.
Las movilizaciones exigen a los parlamentarios abstenerse de aprobar la nueva entidad, pues ello “será algo lamentable para el Gobierno y para todo el país porque profundizará la actual crisis”, alertó la presidenta de la Confederación de la Clase Trabajadora, Maria Estela Silva.
De acuerdo con medios de prensa, la reacción contraria de esos sectores ante las facultades que tendrá la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones sobre el IPS responde a que esta última entidad es la responsable de la administración del seguro social correspondiente a vastos sectores.
El IPS, según el Decreto Ley 1860 del 1 de diciembre de 1960 por el que fue creado, protege la salud de los asalariados y considera que «es función propia del Estado asegurar al ciudadano los medios que le pongan a cubierto de los azares de la vida en lo que respecta a enfermedad, maternidad, invalidez, accidentes de trabajo y otros».
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