Parcialmente, Lula vetó el 20 de octubre esa tesis e invitó al diálogo y «a seguir trabajando para que tengamos, como tenemos hoy, seguridad jurídica y también para respetar los derechos de los pueblos originarios».
Tal decisión fue anunciada tras la reunión del gobernante con los ministros Sonia Guajajara (Pueblos Originarios), Alexandre Padilha (Relaciones Institucionales), Jorge Messias (Abogado General de la Unión) y el secretario especial para Asuntos Jurídicos de la Casa Civil, Wellington César Lima.
Al respeto, Guajajara afirmó en una plataforma digital que el resultado constituyó una victoria para las comunidades nativas que «vienen realizando una gran movilización contra el tema y hace respetar la Constitución, la cual ya prevé reglas específicas para la circunscripción de tierras indígenas».
De acuerdo con Padilha, todo lo que fue considerado inconstitucional fue vetado.
Sin embargo, Lula sancionó trechos de la propuesta aprobada por el Congreso Nacional el 28 de septiembre, que definen reglas de las demarcaciones.
Con el proyecto en el Parlamento, los legisladores pueden mantener o anular el veto del presidente. Si es revocado, el texto aprobado anteriormente entrará en vigor.
Este jueves, entidades que representan a los pueblos indígenas realizarán protestas en todo el país y en las redes sociales.
La votación está prevista para ocurrir en una sesión conjunta de diputados y senadores.
Son necesarios para que los vetos sean derribados, los votos de la mitad de los congresistas, o sea, 257 diputados y 41 senadores.
La polémica tesis jurídica, defendida por el sector rural, alega que la jurisdicción de una tierra aborigen solo puede ocurrir si se comprueba que los indígenas estaban en el espacio requerido el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución federal.
El proceso que motivó la discusión trata de la disputa por la posesión de la Tierra Indígena Ibirama, en el sureño estado de Santa Catarina.
La zona está habitada por los pueblos Xokleng, Kaingang y Guarani y la tenencia de parte del dominio es cuestionada por la fiscalía.
Conocedores critican la tesis transitoria, teniendo en cuenta que validaría y legalizaría invasiones y violencias contra indígenas.
Para líderes aborígenes, el marco temporal excluye la realidad histórica y cultural de los nativos, y viola tratados internacionales firmados por Brasil como la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
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