El pleno de magistrados de ese alto tribunal instruyó, mediante el amparo otorgado, garantizar la toma posesión el 14 enero de 2024; sin embargo, indicó al Ministerio Público (MP) seguir con las investigaciones en curso.
El recurso legal respondió a la petición presentada ante esa Corte por un grupo de abogados y ciudadanos para preservar el orden democrático del país, tras recientes acciones del ente investigativo.
El pasado lunes, frente a la sede de la CC, encabezados por el jurista y experto en riesgo político Edgar Ortiz, precisaron que buscabn garantizar el cumplimiento del amparo del 6 de octubre pasado en relación con unos resultados electorales inalterables.
El constitucionalista remarcó que hasta ahora no había una contundencia contra las acciones que se llevaban a cabo y mantenían cierta incertidumbre sobre la transmisión de mando presidencial.
La petición, según Ortiz, era que la CC planteara la hoja de ruta de cara a la transición, a partir de distintos órganos señalados en la intervención de una forma directa o indirecta en esa transición.
El alto tribunal subrayó que “se debe preservar el régimen democrático del Estado, observando con cada actuación los valores fundamentales de la justicia, la seguridad y la paz, en particular el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder”.
El amparo también dictó que se deben realizar todos los procesos para garantizar “imperativamente la renovación de los integrantes del poder Legislativo, poder Ejecutivo y las municipalidades en la fecha prevista en la Constitución”.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó el viernes último, otra vez, el retiro del antejuicio contra el mandatario electo Bernardo Arévalo, ahora por la posible comisión de lavado de dinero, e implicó a dos diputados.
En correspondencia, sugirió al ente encargado del proceso de anular las votaciones efectuadas el 25 de junio y 20 de agosto, lo cual profundizó aún más la crisis que vive el país.
Analistas denunciaron lo inaudito de un caso declarado “bajo reserva”, la persecución contra el partido Movimiento Semilla y la violación del MP de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Diferentes organizaciones locales e internacionales coincidieron en deplorar la maniobra, que -enfatizaron- constituye clara intervención contra la voluntad popular expresada en las urnas.
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