Según el portal Rede Brasil Atual, la entidad presentó además este jueves una solicitud de audiencia con el presidente de la corte, ministro Luís Roberto Barroso.
En esa jornada, 53 senadores y 321 diputados apoyaron el derrocamiento de los vetos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a ese hito transitorio, en la sesión del Congreso Nacional.
Mientras que 19 senadores y 137 diputados votaron para mantener la decisión presidencial.
La ley número 14.701, que trata del reconocimiento de la demarcación, del uso y de la gestión de tierras indígenas, fue sancionada con vetos por Lula el 20 de octubre.
Tales impedimentos presidenciales retiraban de la legislación artículos basados en la tesis del marco temporal de las posesiones nativas, el cual entiende que los pueblos originarios solo tendrían derecho al territorio en que estaban en la promulgación de la Constitución, en octubre de 1988.
En septiembre, por nueve votos a dos, el STF decidió que el hito transitorio es inconstitucional.
Para Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de la APIB, la decisión del Congreso Nacional de derribar los vetos del presidente «crea nuevo impasse jurídico y político con desenlace no próximo».
En su evaluación, con la demanda «va a caer el marco temporal en el regazo del STF de nuevo», y el obstáculo «no es bueno para indígenas y tampoco es bueno para los productores rurales».
Será la tercera vez que el Supremo discutirá la teoría del marco legal.
Por su parte, en la valoración del abogado Melillo Dinis, de la Comisión Especial de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la intención de las bancadas que articularon en las dos cámaras del Congreso Nacional el derribo de los vetos «es crear confusión jurídica y retrasar 42 demarcaciones de tierras indígenas que estaban previstas».
Además del impasse en la Justicia, Dinis teme que durante la indefinición ocurran más casos de violencia en el campo e invasiones de ruralistas en tierras que deberían estar protegidas.
«La historia de Brasil es la historia de la violencia. Eso es lo que tenemos cuando el crimen es organizado y el Estado está desorganizado», denunció.
El Partido de los Trabajadores también anunció que presentará en la Corte Suprema una acción de inconstitucionalidad contra la remoción del veto presidencial a la propuesta para la demarcación de patrimonios nativos.
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