El medio oficial del Gobierno divulgó el decreto 18-2023 con la firma del jefe de Estado, apenas dos días después que el Congreso (unicameral) del país rechazara las objeciones presentadas por las bancadas de los partidos Semilla y Winaq contra el documento.
Entre los temas constitucionales señalados al presupuesto destacó la manera en que se certificó, pues el pasado 30 de noviembre no se hizo una votación en el Legislativo por cada artículo sino por títulos, subrayaron las fuerzas políticas.
Las enmiendas avaladas a último minuto no se leyeron en su totalidad, por lo cual los diputados definieron sin conocer su contenido, además de la asignación discrecional de fondos a organizaciones no gubernamentales de reciente creación, ampliaron.
El mandatario electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, insistió en la solicitud a Giammattei mediante una carta para que vetara el Presupuesto por graves violaciones e irregularidades.
El abanderado de Semilla remarcó que estas incongruencias afectarán la gestión pública, el bienestar social y el desempeño económico del próximo año.
Enfatizó en los cambios incorporados al documento tanto en el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso (unicameral) como por medio de enmiendas presentadas durante la sesión plenaria del 30 de noviembre.
“Varias disposiciones menoscaban la autoridad, competencia y rectoría que los ministros tienen en toda la República para los asuntos propios de su ramo y de las políticas públicas correspondientes a sus funciones sustantivas”, acotó.
La Cámara de Comercio calificó de irresponsable la forma en que los diputados validaron el proyecto, “poco técnico e inefectivo, el cuál continuará promoviendo corrupción y despilfarro de los recursos públicos en todo el aparato del Estado y sus instituciones”, subrayó.
El Consejo Nacional Empresarial consideró, por su parte, algo grotesco el presupuesto y un atentado directo en contra del bien común de todos los guatemaltecos y guatemaltecas.
El monto aprobado para 2024 asciende a 124 mil 879 millones 970 mil quetzales (casi 16 mil millones de dólares), récord histórico, que no obstante a los incrementos año a año –de acuerdo con expertos-, su ejecución ha sido poco transparente.
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