Tal recurso a entregar en el Supremo Tribunal Federal (STF) cuenta con el apoyo de la bancada del PT en la Cámara de Diputados.
En septiembre, el STF dictaminó que el llamado marco temporal de los territorios originarios era inconstitucional.
La víspera, en el Congreso Nacional, los parlamentarios votaron por mayoría a favor de anular el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la propuesta que prevé reglas para la jurisdicción de posesiones nativas.
Entre otros puntos, Lula frustró el principal dispositivo que establecía que los pueblos indígenas solo tendrían derecho a las tierras que ocupaban o reivindicaban el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución federal.
Los vetos del fundador del PT atendieron pedidos del Ministerio de los Pueblos Indígenas y de movimientos ligados a esas comunidades.
Esas medidas disgustaron a legisladores de la bancada ruralista, ligados al agronegocio y favorables al marco temporal, y que articularon ahora en el Congreso el derrocamiento del inconveniente.
Según una nota del parlamentario petista Nilto Tatto, a la que tuvo acceso Prensa Latina, es absolutamente inconstitucional el mantenimiento del hito transitorio.
Esa tesis, alega, constituye «una investida conservadora, según la cual solo podrían demarcarse las tierras tradicionalmente ocupadas por indígenas en la fecha de la promulgación de la Constitución Federal de 1988».
De prevalecer tal pretensión, apunta Tatto, los pueblos indígenas estarían expuestos a una grave violación de sus derechos constitucionales y sumisos a la violencia histórica practicada por el Estado y sectores dominantes de la sociedad ávidos por las tierras y riquezas de los territorios de los pueblos originarios.
Para el legislador, con el veto firmado, Lula no solo se opuso a la posibilidad de modificación del régimen jurídico de las tierras indígenas en desacuerdo con garantías constitucionales y derechos concedidos a los pueblos originarios por medio de tratados internacionales.
También, agrega el diputado, refutó, en esencia, «el intento de anulación de derechos conquistados por los pueblos indígenas y ampliamente respaldados por la sociedad brasileña».
Subraya que el PT entiende que la defensa de las tierras aborígenes es aún esencial para la ardua batalla contra el cambio climático y la deforestación criminal.
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