La celeridad por sancionar la víspera en el Congreso y el Gobierno la iniciativa en detrimento de vastos sectores, que despertó suspicacias en medios legislativos y periodísticos, deviene ahora certidumbre de que fue impuesta por el ente financiero global, el cual ahora deberá desembolsar un préstamo al país de 400 millones de dólares, según el diario Última Hora.
“Esa intención apresurada de lograr a como dé lugar la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones respondió precisamente a esas exigencias firmadas con el FMI y cuya fecha está explicitada”, declaró la presidenta de la Sociedad de Economía Política (Seppy), Alhelí González Cáceres.
La experta desentrañó así en pocas palabras el “misterio” sobre la precipitación con que fue debatido en ambas cámaras del Congreso el proyecto de ley sobre la Superintendencia, cuya falta de consulta popular fue el detonante final para las multitudinarias manifestaciones convocadas por la mayoría de los sectores en todo el país, destaca el diario.
Según la especialista, los analistas de la (Seppy) manejan hace un tiempo como “hipótesis” esa concesión al FMI, a causa de que el Estado está quebrado y ni siquiera tiene recursos para cubrir los salarios de servidores públicos.
González citó como ejemplo de esa crisis el hecho de que el presidente Santiago Peña tuvo que “bicicletear” la deuda pública con la “recompra” de bonos en el mercado internacional y el consiguiente endeudamiento.
La experta coincidió con varios legisladores de la oposición en que la búsqueda de recursos por el Ejecutivo responde al grave déficit fiscal, cuyas fuentes podrían ser también los fondos jubilatorios, pues la nueva ley sobre pensiones permite al Estado disponer de ese dinero.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla, quien pertenece al Partido Liberal Radical Auténtico pero responde a la agenda de sus colegas progubernamentales, trató de justificar el compromiso con el FMI, al admitir que el tema fue tratado en las comisiones del Congreso, “pero no salió de allí”.
“Es obvio que podía haber sido involuntariamente ignorado y así sucedió”, aseguró en declaraciones a radio Monumental 1080 AM, en un intento por explicar la falta de socialización con el “ambiente agitado” vivido con las protestas obreras de los últimos días.
El presidente Peña promulgó este jueves la ley que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, al que, no obstante el ambiente de rechazo generado ante la presencia del FMI en esa decisión, calificó como “un paso muy importante en el cuidado de los ahorros de todos los trabajadores”.
Los diputados paraguayos sancionaron el día antes una versión aprobada antes por el Senado del proyecto para crea esa instancia, cuestionada por supuestas afectaciones a la seguridad social de jubilados y empleados.
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