Según la votación oficial, en la Cámara de Diputados hubo 321 votos contra la medida del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y 137 a favor, mientras en el Senado el registro resultó de 53 frente a 19.
La polémica tesis jurídica, defendida por el poderoso sector rural, alega que la jurisdicción de una tierra aborigen solo puede ocurrir si se comprueba que los indígenas estaban en el espacio requerido el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución federal.
El 21 de septiembre, el Supremo Tribunal Federal dictaminó que el hito transitorio era inconstitucional. Ocho días después, la Cámara baja y el Senado aprobaron un proyecto de ley incluyendo la tesis del marco temporal en ley federal.
Lula en octubre vetó parcialmente el proyecto aprobado en el Poder Legislativo, argumentando que la tesis ya había sido considerada inconstitucional.
Para el senador Luis Carlos Heinze, el veto perjudica la explotación económica de los territorios de Brasil.
«Ningún país del mundo tiene la extensión territorial destinada a los indígenas como nosotros tenemos en Brasil. De 114 millones de hectáreas de tierra para reservas indígenas es muy alto, y quieren llegar a 120 y 130 millones de hectáreas. Brasil ya está enyesado con reservas indígenas, parques nacionales y áreas de preservación», alegó.
La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas precisó que las 736 tierras originarias registradas representan solo un 13 por ciento del territorio nacional, lo que totaliza aproximadamente 117 millones de hectáreas.
De acuerdo con el último censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Brasil tiene casi 900 mil indígenas, distribuidos en 305 etnias.
Favorable al mantenimiento del veto, el diputado federal Tarcisio Motta argumentó que la Constitución federal no estableció esta lógica de un marco a partir del cual las ocupaciones de las tierras nativas serían legítimas.
«Esa es una batalla de sectores del agronegocio interesados en seguir avanzando sobre las tierras indígenas, y pueblos y poblaciones originarias, movimientos sociales, que luchan por su supervivencia, por el derecho de existir», denunció.
Ante el derrumbe del veto presidencial, el Partido de los Trabajadores anunció que presentará en la Corte Suprema una acción de inconstitucionalidad contra esa remoción.
De igual manera, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil confirmó que presentará un recurso en el tribunal superior contra el marco temporal que niega a los pueblos tradicionales el derecho original a la tierra.
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