Este jueves la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un megaoperativo, con más de 75 allanamientos y una treintena de detenciones de jueces, fiscales y funcionarios públicos, entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
La audiencia de formulación de cargos contra los acusados comenzó en la tarde del mismo jueves y continuó el viernes, una sesión donde la fiscal general, Diana Salazar, pidió prisión preventiva para los investigados, mientras los abogados defensores rebatieron la legalidad de las detenciones.
Este caso, que ha causado revuelo en el ámbito político y judicial del país, se desprende de la muerte del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en octubre de 2022 en prisión.
Según Salazar, luego de ese suceso se obtuvieron evidencias a partir del celular de Norero, quien habría montado su estrategia delictiva para evadir a la justicia con el apoyo de un grupo estructurado.
Más allá de si esas personas en realidad están involucradas o no en la presunta trama ligada al narcotráfico muchos cuestionamientos surgieron tras el operativo del caso Metástasis.
La revelación del caso Metástasis ocurre en momentos en que la propia Salazar afronta una solicitud de juicio político en la Asamblea Nacional (Parlamento), impulsado por Revolución Ciudadana, un proceso que se encuentra en trámite.
A su vez, tiene lugar cuando Teran, como presidente del Consejo de la Judicatura, institución de administración y disciplina del sistema judicial, llevaba adelante el concurso para renovar a los miembros de la Corte Nacional de Justicia y muchos adversarios pedían anular ese exámen.
Por otro lado, el pasado lunes en la noche una ráfaga de balas entró por la ventana de una vivienda en Guasmo Sur, Guayaquil, y alcanzó a una mujer embarazada, a sus cuatro hijos de entre cinco meses y siete años y al padre de los menores, quien resultó herido y fue el único sobreviviente.
Según información de la Policía, el ataque iba dirigido contra supuestos integrantes de la banda Los Lagartos, pero los sicarios se “equivocaron” de vivienda.
Este hecho conmocionó al país en medio de la crisis de inseguridad existente y aumentaron los reclamos al presidente Daniel Noboa para actuar urgente en aras de frenar los crímenes y poner en práctica el llamado Plan Fénix, su promesa de campaña contra la violencia.
De esa forma, Noboa y su ministra de Gobierno, Mónica Palencia, realizaron anuncios como el establecimiento de cárceles barcazas en alta mar para reclusos peligrosos, la construcción de prisiones de máxima seguridad y la extradición de reos extranjeros a sus países.
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