A pesar del fallo, los involucrados continúan respondiendo por los crímenes y deben usar tobillera electrónica.
Unos 66 sujetos, entre los más de dos mil detenidos a causa de la asonada, siguen encarcelados.
Entre ese total (66): ocho fueron condenados por el Supremo y 33 son acusados denunciados como ejecutores de las transgresiones cometidas el 8 de enero (dos fueron trasladados al hospital psiquiátrico).
Y, a petición de la Fiscalía, 25 de ellos siguen detenidos, sin haber sido investigados por financiar o incitar a cometer delitos, hasta que concluyan las diligencias en curso.
De Moraes también validó 38 acuerdos firmados entre la Procuraduría General de la República (PGR) y personas que responden a acciones por los episodios antidemocráticos.
Los compromisos fueron negociados solo con quien estaba frente a los cuarteles y no participó en las invasiones de los edificios del STF, del Congreso Nacional y del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Anteriormente, otros 46 acusados de participar en los actos obtuvieron libertad provisional.
En el llamado Acuerdo de No Persecución Penal se negocian cláusulas a cumplir para que el acusado no sea condenado ni encarcelado.
También De Moraes votó para condenar a otros 29 imputados por la PGR de colaboración con los eventos violentos.
Además, las penas son de 14 y 17 años de reclusión y una multa de 30 millones (unos seis millones de dólares) por daños morales colectivos. La votación de las acciones penales seguirá hasta el 5 de febrero.
Los 29 acusados, detenidos durante los ataques a los edificios de la plaza de los Tres Poderes en Brasil, fueron inculpados de los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio derribado.
Tales acciones son juzgadas por los ministros de forma virtual, formato en el que no hay discusión.
Desde septiembre, el Supremo condenó al menos a 30 personas por participar en el complot y recibió mil 345 denuncias. De ese total, mil 113 fueron suspendidas para que la PGR evalúe si va a proponer acuerdos que eviten la condena.
Bajo gritos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adeptos recalcitrantes del exmandatario Jair Bolsonaro invadieron y saquearon el 8 de enero las sedes capitalinas de los Tres Poderes.
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