La promesa de Biden se pierde actualmente ante el plan de buscar la aprobación en el Congreso de una millonaria ayuda para Ucrania que cuenta con el visto bueno de los demócratas, pero que los republicanos no respaldarán a menos que se hagan cambios drásticos en seguridad fronteriza.
El presidente aceptó hacer concesiones. El Senado retrasó su receso navideño para continuar en las negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo al parecer difícil antes de finalizar el año.
Grupos proinmigrantes advirtieron que acceder a las exigencias de los republicanos podrían constarle a Biden votos para su reelección en 2024.
Según alertan, se auguran de vuelta algunas de las políticas contra los inmigrantes adoptadas durante el mandato de Donald Trump (2017-2021).
La creciente ola migratoria también ha colapsado los sistemas de refugio en importantes ciudades del país y se habla de que más de tres millones de peticiones de asilo esperan su solución en las cortes. Son Florida, Texas California y Nueva York los estados con más casos pendientes.
Por otra parte, Texas acaba de aprobar la Ley SB4 que convierte en un delito grave el cruce irregular hacia territorio de Estados Unidos y el migrante podría encarar penas de hasta 20 años de cárcel.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, criticó la víspera la nueva ordenanza -firmada el lunes por el gobernador de Texas, Greg Abbott- que levantará el banderín de las deportaciones sin el debido proceso, porque “deshumaniza” a los inmigrantes, pero no aclaró si la administración demócrata demandará a ese estado.
“Esto no es lo que debemos ser como país”, expresó Jean-Pierre, quien recordó que esa medida se suma a una serie de disposiciones marcadamente antinmigrantes como las boyas flotantes sobre el río Bravo, la colocación de alambres de púas en la frontera y el envío de autobuses cargados de indocumentados a territorios demócratas.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles presentaron ayer una demanda impugnando la Ley SB4, que otorga, además, a policías y jueces del estado la facultad de detener y deportar migrantes.
Aunque la ley parece enfocarse en los inmigrantes indocumentados, la ACLU y otras organizaciones advirtieron que la norma podría generar una persecución indiscriminada hacia personas solo por la sospecha de tener un estatus irregular.
Trump, de momento favorito en las encuestas de cara a 2024, incrementó su retórica sobre el tema al prometer deportaciones masivas de ganar otra vez la presidencia y calificar a los migrantes como «el veneno» en la sangre del país.
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