Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal de Prensa Latina en Brasil
Persuadido que cuando se deja de evocar un mal pasado, alguien pudiera estar condenado a repetirlo, Lula informó que invitará a gobernadores, parlamentarios y empresarios al encuentro destinado a «recordar al pueblo» que la democracia impidió un intento de asonada golpista en Brasil.
«Estoy invitando a todos los gobernadores porque el 8 de enero vamos a hacer un acto aquí en Brasilia para recordar a la gente que trató de dar un golpe de Estado», comunicó el fundador del Partido de los Trabajadores el 12 de diciembre.
Según el exdirigente obrero, la cita servirá para corroborar a los inseguros que el «régimen democrático» es lo único con certeza y que «las instituciones funcionen y el pueblo tenga acceso a participar de la riqueza que produce».
Aunque por su historia, Brasil nunca figuró como blanco específico de la acción de grupos terroristas, la polarización y el discurso de odio visceral que emanó del poder desde hace cuatro años condujo a actos de este tipo, dedujeron analistas.
Partidarios radicales del entonces derrotado mandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) disfrutaban de la instalación de campamentos, bajo patente de protestas pacíficas y libre expresión en ciudades y en especial en Brasilia, contra el resultado de las elecciones de octubre y la asunción al poder por tercera vez del hijo de la clase obrera.
DIA MARCADO EN NEGRO
Sin embargo, el 8 de enero cayó la máscara, la orden fue dada y casi siete mil extremistas bolsonaristas (adeptos del exmilitar y apropiados del color amarillo de la bandera), bajos gritos de intervención militar, irrumpieron violentamente y depredaron las sedes del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Pese a que exámenes de comportamiento y conductas sospechosas permitieron anticipar acciones de individuos o grupos que presentan propósitos terroristas, las fuerzas policiales apenas reaccionaron, y en particular las del Distrito Federal (DF). El golpismo y la infamia tuvieron sus horas.
Con mucho tino, Lula tomó entonces la decisión correcta al declinar la propuesta de decretar una Garantía de la Ley y del Orden, la denominada GLO, que daría poderes a los militares en el panorama público tras las agresiones vandálicas.
Eligió la intervención federal en el DF y mostró a los brasileños que el poder civil organizaría el Estado después de la casi nula respuesta e incapacidad de los cuerpos de seguridad pública.
Para más claridad, el exsindicalista articuló 24 horas horas después de «la fecha marcada en negro en la historia nacional» una reunión (9 de enero) con gobernadores o representantes de los 27 estados y preservar la democracia emergió como frase de orden.
«En nombre de defender la democracia, no seremos autoritarios con nadie, pero no seremos tibios con nadie. Vamos a investigar y vamos a llegar a quien financió» los actos antidemocráticos, remarcó el líder progresista.
De acuerdo con entendidos, con imponer el decreto de intervención federal en la seguridad pública del DF, que «garantiza el libre ejercicio de cualquiera de los poderes en las unidades de la federación», Lula sorteó un perjuicio aún mayor que el inducido por las embestidas irracionales de los golpistas.
RESPUESTAS Y CONDENAS
La invasión provocó una respuesta del STF, que ordenó la prisión inmediata de muchos de los participantes en los episodios golpistas.
Bajo un tenso ambiente y ofuscados cruces de palabras, el Parlamento instauró el 25 de mayo la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) sobre los eventos antidemocráticos.
La primera sesión de la junta evidenció el clima acalorado que marcó las venideras citas de la CPMI, con intercambios exaltados entre parlamentarios de la base y la oposición.
Tal colegiado tuvo 180 días para investigar las acciones golpistas y pudo elevar sus resultados ante la Fiscalía General, con el fin de aportar pruebas al proceso penal.
Publicado por la senadora Eliziane Gama, el informe final de la CPMI clasificó el 17 de octubre las acciones como obra del bolsonarismo.
En el texto de mil 333 páginas se acusa de la invasión a los predios públicos a 61 personas, entre ellas al exgobernante, por estimular los episodios antidemocráticos.
«Como se verá en las páginas siguientes, la democracia brasileña fue atacada: masas fueron manipuladas con discurso de odio; milicianos digitales fueron empleados para diseminar el miedo, descalificar adversarios y promover ataques al sistema electoral», apunta el contenido.
Denuncia que un golpe de Estado fue ensayado y, por fin, resultaron estimulados actos y movimientos desesperados de toma del poder. «El 8 de enero es obra del bolsonarismo», remarca.
«A diferencia de lo que defienden los bolsonaristas, el 8 de enero no fue un movimiento espontáneo o desorganizado: fue una movilización ideada, planificada y preparada con antelación», refiere el escrito. Respecto a Bolsonaro, la congresista Gama plantea que sea acusado de cuatro delitos: asociación para delinquir, intento de abolición violenta del Estado de Derecho, intento de tumbar un gobierno legítimamente elegido y uso de medidas para impedir el libre ejercicio de derechos políticos.
Junto al político ultraderechista, en la lista de personas que directa o indirectamente figuran involucrados en los crímenes están el general Walter Braga Netto, candidato a vicepresidente en la fórmula electiva de Bolsonaro, y el exministro y entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal Anderson Torres.
Con el documento en la Fiscalía se investiga ahora por la senda penal el complot del 8 de enero y debe definirse si se sigue la secuencia a las pesquisas de la polémica comisión legislativa.
Bolsonaro, quien rechaza cualquier vínculo con la tentativa golpista, resultó inelegible durante ocho años y por su segunda vez el 31 de octubre.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) consideró procedente por dos acciones de la llamada Investigación Judicial Electoral y una representación electiva que cuestionan, una vez más, la elegibilidad de Bolsonaro.
Los magistrados condenaron al exparacaidista por abuso de poder político cometido durante las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia, el 7 de septiembre de 2022.
En esa fecha, el entonces presidente asistió al desfile oficial, en la Explanada de los Ministerios en Brasilia, y luego fue para un camión con sonido, que estaba a pocos metros de distancia, y realizó un discurso de carácter electoral.
Más tarde, se dirigió a Río de Janeiro y asistió a una presentación del Ejército y la Fuerza Aérea en la playa de Copacabana. En el mismo lugar, hizo un nuevo discurso con contenido de campaña.
En junio, el TSE había condenado al exjefe de Estado a la inelegibilidad durante ocho años (hasta 2030) por la realización de una reunión con embajadores extranjeros en julio de 2022 en el Palacio de la Alvorada (residencia oficial de la Presidencia) en la cual cuestionó, sin pruebas, las urnas electrónicas y el sistema electivo.
Nuevamente las aprensiones retornan al exmilitar después que la Fiscalía General recuperara ahora el video transmitido por el expresidente tras los actos golpistas. La grabación fue borrada por Bolsonaro dos horas más tarde de la publicación el 10 de enero.
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