En primer término, piden acordar un pacto entre el Ejecutivo entrante y los cuatro pueblos ancestrales para establecer un modelo de Estado plurinacional, según el documento divulgado.
Reclamaron además equipos multidisciplinarios permanentes, integrados por representantes de las comunidades originarias, para implementar consultas.
Igualmente, una alianza para impulsar un presupuesto nacional que ataque las desigualdades y declarar al país libre de minería.
En este último sentido, Santos Alvarado, de la alcaldía indígena del municipio capitalino de Chuarrancho, descartó que se opongan al desarrollo, sino que buscan otras formas de crecimiento.
“Se ha tratado la manera de que el gobierno se siente con los pueblos indígenas, pero también los que son los dueños. Hasta el momento nosotros no hemos visto la buena voluntad de los empresarios”, agregó.
En quinto lugar, plantearon la necesidad de recuperar la rectoría estatal del modelo energético del país y fomentar la inversión pública comunitaria.
Sumaron otros temas como las telecomunicaciones, reestructurar la institucionalidad pública de acceso a la tierra e impulsar participativamente un modelo económico que asegure una nueva relación con la naturaleza.
Refirieron la universalización de la Educación Bilingüe Intercultural en todo el sistema educativo nacional y la creación de la Universidad Maya sobre la base de los compromisos internacionales.
La compañera de fórmula del mandatario electo Bernardo Arévalo aseguró que las propuestas presentadas serán analizadas y evaluadas.
“Tenemos que ver qué está dentro de nuestro plan de gobierno, las 10 semillas, y dentro de eso ir priorizando. No es posible atender exactamente lo que cada sugerencia dice, pero hay puntos en común”, afirmó Herrera.
Reveló que otras organizaciones enviaron sus propuestas como Álvaro Pop, de larga trayectoria en la defensa de esos pueblos, que reunió 17 asociaciones.
Hay otros grupos que están preparando las suyas, remarcó la vicepresidenta, cuyo Ejecutivo deberá asumir el venidero 14 de enero de 2024.
Los mayas, xinca, garífuna y los ladinos se unieron desde el pasado octubre en unas protestas inéditas e históricas en defensa de la democracia y la voluntad popular, expresada en junio y agosto en las urnas.
Desde hace más de 80 días reclaman la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, a quienes acusan de atentar contra los resultados de los comicios.
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