A través de un comunicado, esa cartera de Estado explicó para el gobierno no sería lícita una eventual concesión de asilo diplomático a Glas debido a lo que establece el artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que ambos países son parte.
No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas, sin haber cumplido las penas respectivas, denunció el texto de la Cancillería.
La normativa agregó que estas personas «deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá Juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega».
La Cancillería ecuatoriana también anunció que por esa razón convocaron a su sede a la embajadora mexicana Raquel Serur. La noche de este jueves, el exvicepresidente Glas pidió oficialmente asilo político a México mientras se encuentra en la embajada de dicha nación en esta capital, luego de que la Fiscalía solicitara su comparecencia.
El abogado de Glas, Eduardo Franco Loor, aseguró que los procesos contra el exvicemandatario son fraudulentos y constituyen persecución política.
Ha sufrido una «arremetida ilegal, arbitraria e inconstitucional» por parte de la Fiscalía, señaló el letrado.
Este jueves la Asamblea Nacional rechazó un nuevo enjuiciamiento penal contra el Glas, sin embargo, la Fiscalía emitió un comunicado donde insiste en solicitar fecha para una audiencia de formulación de cargos por presunto peculado en obras realizadas luego del terremoto de 2016.
Glas, quien fue vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno (2017-2021), ingresó desde el pasado domingo en la legación diplomática de México en Quito.
Ese día la Cancillería ecuatoriana advirtió al gobierno mexicano en una nota verbal que conceder asilo a Glas no sería lícito.
El político, integrante de Revolución Ciudadana, es considerado uno de los símbolos del “lawfare” en Ecuador, donde la persecución desatada por el gobierno de Moreno contra seguidores de Correa obligó a muchos de ellos a exiliarse.
El antiguo vicegobernante recibió el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente.
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