De acuerdo con el jefe de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), Héctor Franco, la región de la Costa ecuatoriana es la más afectada por estos delitos.
Esto se debe a que la mayoría de las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, han sido desarticuladas y por tanto los delincuentes buscan otras formas de financiamiento, dijo Franco en declaraciones a la emisora Radio Pichincha.
Ecuador atraviesa por una crisis de inseguridad y de violencia sin precedentes en su historia, donde el número de raptos y otros crímenes se hacen cada vez más frecuentes, mientras la ciudadanía exige al Gobierno acciones urgentes para frenar esa situación.
Solamente de enero a septiembre de 2023, la Unidad Antisecuestros y Extorsión cuantificó 67 casos de ese tipo, lo cual representa un incremento del 347 por ciento en comparación con 2022.
Esta semana, la Asamblea Nacional (parlamento) dio luz verde para realizar una reforma constitucional para el apoyo de las Fuerzas Armadas en la labor de la Policía Nacional.
La propuesta de reforma fue planteada por el expresidente Guillermo Lasso en diciembre de 2022, después de que la Corte Constitucional negara que el tema fuera a consulta.
Los asambleístas propusieron que el artículo 158 de la Constitución incluya un texto que permita que las Fuerzas Armadas brinden «apoyo complementario» a las funciones de la Policía Nacional, que se encargan de la protección interna y el mantenimiento del orden público.
Una vez aprobada la reforma parcial en segundo debate, la Asamblea deberá devolver el trámite al presidente Daniel Noboa, quien deberá emitir el decreto de convocatoria a referendo constitucional para reformar la Constitución.
Posteriormente, ese texto deberá ir a la Corte Constitucional, que en este caso deberá revisar la pregunta y el contenido del artículo aprobado por la Asamblea.
Si el trámite supera esta revisión, el CNE deberá convocar al referendo y fijar la fecha en la que los ecuatorianos deberán ir a las urnas para decidir sobre este tema.
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