Mediante el acuerdo 320-2023 divulgado en el oficial Diario de Centro América, el presidente del país, Alejandro Giammattei, autorizó que cuenten con seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) y al menos un vehículo.
El texto, firmado además por el ministro de Gobernación Byron René Bor y María Consuelo Ramírez, secretaria general del Ejecutivo, precisó que las medidas se aplicarán por un tiempo similar al que tardaron en sus funciones.
“Pueden ser objeto de agresiones, represalias o atentados, aún con posterioridad a haber desempeñado los mencionados cargos”, por lo cual se hace necesario la protección de forma adecuada, profesional y técnica, argumentaron.
El acuerdo derogó el 71-2023 de fecha 13 de abril del presente año, “al no haberse contemplado en el mismo la protección de los exfuncionarios que ejercieron como Ministros de Estado y secretarios de la Presidencia”, subrayaron.
Los autores detallaron que si el periodo que la norma habilita para brindarles protección ya concluyó, se procederá a retirar el personal, equipo y vehículos que tengan asignados por orden del director general de la PNC.
Analistas ejemplificaron que en el caso de los extitulares de Gobernación contarán con tres patrullas y un máximo de 10 personas de seguridad por turno, mientras que los vice contarán con dos y ocho, respectivamente.
El diputado del partido Movimiento Semilla Samuel Pérez calificó de abuso querer utilizar recursos para brindar seguridad a funcionarios sin motivo alguno.
El también legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza Orlando Blanco expresó, por su parte, que esperaría que fuera una broma en el contexto del Día de los Inocentes.
Otros congresistas y expertos en leyes utilizaron las redes sociales para apuntar que es necesario anular el acuerdo.
Desde antes, el 18 de septiembre de 2020 con la disposición 445, el Gobierno de Guatemala reguló la seguridad de funcionarios y de la PNC que dejaran el cargo.
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