En una entrevista radial, el presidente del Consejo de Ministros descartó tajantemente el adelanto electoral que organizaciones sociales y políticas y personalidades progresistas y de centro-derecha plantean como salida a la prolongada crisis política del país.
Manifestó que ni la Presidenta ni él aceptan responsabilidad en la pérdida de vidas humanas tras asumir Boluarte al cargo, en diciembre de 2022, en protestas sociales que se prolongaron hasta marzo de 2023.
Argumentó que en las investigaciones de la Fiscalía, que incluyen una indagación a ambos y a varios exministros por genocidio, homicidio y otros cargos, no hay ningún testimonio que los inculpe.
Organizaciones sociales y políticas y parlamentarios opositores sostienen que Boluarte y Otárola deben ser investigados y juzgados e invocan antecedentes como la condena a prisión del exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000) -recientemente indultado- como autor mediato de dos matanzas ejecutadas por militares.
“Nos hemos sometido a la investigación de la justicia, pero no vamos a aceptar la atribución de esas muertes porque ninguno de los más de 500 testimonios que han ido (a la Fisalía de la Nación), ni en la forma ni en el fondo ni directa o indirectamente han sindicado ni a la presidenta ni a mí como responsables”, afirmó Otárola
Añadió que la mandataria pidió perdón a los familiares de los caídos en su mensaje ante el Congreso por el aniversario nacional, pero no reconoció ninguna responsabilidad penal sobre las muertes.
Precisó que la jefa del Ejecutivo pidió perdón “por el sufrimiento de los deudos de estas familias y las contingencias que se generaron por quienes controlaron las protestas” (alusión a dirigentes sociales).
El Primer Ministro insistió en que el Gobierno coopera con las investigaciones sobre las muertes y el hecho de que la mayoría de los civiles abatidos cayeron por armas de fuego, al tiempo que sostuvo que eso está pendiente de indagación.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que, a más de un año de iniciadas las protestas y las muertes, no hay un solo detenido, pese a que en varios casos se identificaron uniformados autores u oficiales al mando de las operaciones.
El número dos del Gobierno reiteró que este continuará hasta el fin del mandato en 2026, iniciado en 2021 por el hoy encarcelado Pedro Castillo, y descartó el adelanto de las elecciones generales, ofrecido por Boluarte tras asumir el cargo y bloqueado por el Parlamento, a lo que se allanó el Ejecutivo.
Agregó que “estamos en otra etapa, estamos en un país estabilizado, con instituciones firmes” y sugirió que los comicios adelantados pueden provocar otra crisis política”.
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