En un texto para el diario Perfil divulgado también por otros medios de prensa, el ayudante del mandatario Javier Milei señaló que esas reformas se sumarán a las anunciadas hasta el momento en un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y un paquete de normas enviado al Congreso, las cuales, en total, representan solo el 40 por ciento de los cambios que tendrán lugar.
Además, aseguró que el DNU fue solo un primer paso en un proceso de transformación más amplio y justificó la adjudicación de facultades legislativas al Ejecutivo con el pretexto de que este país se encuentra en un período de emergencia.
Las medidas fueron fuertemente criticadas por organizaciones sociales y sindicales que comunicaron su respaldo a un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo para el 24 de enero.
El DNU, anunciado por Milei el 20 de este mes, dispone el desarme de más de 300 regulaciones, entre ellas las leyes de alquileres, abastecimiento, tierras, promoción industrial y comercial.
También aprueba la reforma del régimen laboral, modifica el Código Civil y Comercial, cambia el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
Por su parte, el paquete de leyes establece la emergencia económica, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
El proyecto, llamado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, está conformado por más de 600 artículos, otorga atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo y señala que el mismo podrá prorrogar el plazo antes mencionado por dos años.
Además, establece la privatización de empresas y sociedades estatales y su conversión en sociedades anónimas.
Asimismo, elimina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; y permite renegociar o rescindir contratos de la administración pública por razones de emergencia económica y atendiendo la disponibilidad de fondos.
Por otra parte, indica que “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes”.
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