Tal disposición entró en vigor en diciembre después que el Congreso Nacional derrocó y promulgó los puntos vetados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La tesis del marco temporal resultó considerada inconstitucional por el Supremo, con votación de nueve a dos.
Para la mayoría de los ministros de la corte, la fecha de promulgación de la Constitución, 5 de octubre de 1988, no debe servir como referencia para definir las nuevas áreas de ocupación de los pueblos nativos.
Otro argumento del Supremo Tribunal Federal (STF) es que la Constitución defiende los derechos indígenas como originarios, lo que antecede a la formación del Estado.
Así, los aborígenes, que estaban en las tierras brasileñas mucho antes de la llegada de los portugueses, en 1500, son los dueños de los territorios que ocupan.
Incluso después de esa decisión del STF, en septiembre, el Senado decidió oponerse y aprobó la tesis refrendada además por la Cámara de los Diputados.
La última barrera impuesta fue el veto de Lula, pero también fue derribado por las instancias legislativas en diciembre pasado.
En ese escenario, los partidos Socialismo y Libertad, Red de Sostenibilidad, así como la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) cuestionaron la ley en el juzgado superior.
De acuerdo con la APIB y las organizaciones políticas, los dispositivos de la ley que certificó el marco temporal fueron declarados inconstitucionales por el Supremo.
«La vigencia de la ley podrá generar daños irreversibles a los pueblos indígenas, como por ejemplo: paralizar todos los procesos de demarcación que están en curso y consolidar e incentivar más invasiones en las tierras indígenas», alertan los demandantes.
Precisan que, también, esa validez permitirá «la implementación de obras sin el debido proceso legislativo y consolidará violaciones de extrema gravedad contra los pueblos indígenas».
Especialistas critican el hito transitorio, teniendo en cuenta que validaría y legalizaría invasiones y violencias cometidas contra comunidades originarias para la toma de posesión de tierras antes de la fecha mencionada.
Líderes aborígenes advierten que la tesis excluye la realidad histórica y cultural de los nativos, y viola tratados internacionales firmados por Brasil, como la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
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