Por Luis Beatón
Corresponsal jefe en El Salvador
Todo parece indicar que la tarea está inconclusa y los militares -Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada de El Salvador (FAS)-, deberán seguir aplicando el Plan de Control Territorial (PCT) arropado por el régimen de excepción que sebe ser prorrogado la semana próxima, para seguir según el dicho “chapeando bajito”, a fin de eliminar a los maleantes y homicidas aún existentes.
En los inicios de año las autoridades anunciaron que juzgarán a 494 cabecillas de las bandas criminales en proceso, lo cual marcará un récord pues son pocos los casos en el mundo en que tantos delincuentes comparecieron a la vez ante la justicia.
A eso hay que sumar información divulgada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien en la primera semana del año aseguró que aún existen entre 18 mil y 20 mil miembros de las pandillas sin ser apresados en El Salvador, aunque otras fuentes dijeron hay más.
En septiembre del año anterior, la revista InSight Crime divulgó que la Mara Salvatrucha (MS13), el Barrio 18 Sureños y el Barrio 18 Revolucionarios conservan 54 grupos armados, sobre todo en áreas rurales.
Asimismo, amplió, permanecen en libertad casi 43 mil personas perfiladas como pandilleros, en tres categorías: miembros activos (homeboys), aspirantes a serlo (chequeos) y lo que llaman “colaboradores”, una designación amplia de los supuestos operadores y ayudantes de esos grupos.
Hasta ahora el régimen que suspende varias libertades constitucionales, pese a críticas tiene el apoyo de la mayoría de la población, según resultados de encuestas de opinión que sitúan el respaldo en cerca del 90 por ciento.
Muchos critican la medida al acercarse a la vigésima prórroga desde su aplicación, de forma excepcional en marzo de 2022, pero la gente estima es la única garantía de seguridad contra las pandillas. Villatoro afirmó que mantendrán el régimen de excepción hasta detener al último pandillero en el país.
Parte de la tarea avanzará cuando en los próximos días la Fiscalía presente la acusación formal en contra de 494 cabecillas de la Mara Salvatrucha, que conforman “el corporativo” de la pandilla, estructurado por la ranfla histórica, la ranfla en libertad, “las 15 sillas”, y los 32 programas.
En su explicación Villatoro aseguró que 403 están en prisión y falta detener a 91, mientras 12 de los principales jefes ya están en custodia de las autoridades. A todos ellos los acusarán por la pertenencia a la pandilla y se les impondrán condenas que les impedirán retornar a las calles. Muchos pandilleros fueron condenados a centenares de años tras las rejas.
Para procesar a los detenidos del régimen de excepción, el Gobierno presentó una serie de propuestas de reformas a la Asamblea Legislativa que fueron aprobadas, entre las cuales está la permisividad de que la Fiscalía General de la República presente acusaciones en grupo y extender hasta por dos años adicionales los plazos de instrucción.
El enfrentamiento fue intensificado en los inicios de 2024 con continuos arrestos de elementos delincuenciales y el aumento de la colaboración con otros países, donde se sabe de la presencia de maras o pandillas vinculadas a El Salvador como en México, Estados Unidos (país de su surgimiento), Honduras y Guatemala, entre otros.
Por ejemplo, en la primera semana del año Villatoro anunció el arresto de Gerson José Rubio Amaya, alias Popeye, en Belice, desde donde fue entregado a las autoridades locales. El sujeto está catalogado como un homeboy de la estructura MS13, Clica Park View.
“Dentro y fuera del territorio serán perseguidos y capturados, sepan que estamos trabajando de forma coordinada con las autoridades de seguridad de otros países de la región para retornar a esos terroristas que cobardemente están tratando huir de la justicia”, posteó el funcionario en redes sociales.
Otro ejemplo reciente en estos inicios fue la captura en el municipio de Soyapango, aún bajo cerco militar, de Fredy Vladimir Arias Alegría, alias Pepa Pig, uno de los terroristas de la Mara Salvatrucha que por años atentó en contra de vendedores, repartidores de comida rápida y personas que no residían en la colonia 22 de abril.
Un informe policial destacó que las personas que no fueran residentes en esa colonia, ubicada al costado sur del bulevar del Ejército, no podían ingresar por miedo a los pandilleros, quienes dominaban en el lugar.
La PNC señaló en un menaje en la red social X que el sujeto al principio era homeboy, luego pasó a ser uno de los cabecillas y durante años impuso esas prohibiciones en nombre de esta organización criminal.
El cabecilla de la MS había logrado eludir a las autoridades para no ser sometido a las elevadas penas vigentes desde la instauración del régimen de excepción en marzo del 2022, sin embargo, el trabajo de la PNC permitió ubicarlo para que sea procesado por agrupaciones ilícitas.
Como un gran número de los apresados, el delincuente tiene antecedentes por homicidio agravado, homicidio agravado tentado, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada, por lo cual es previsible que pase largos años o décadas de condena en el Centro para Combatir el Terrorismo (Cecot), donde ya cerca de 12 mil esperan condenas, de ellos, mil 300 arrestados en Soyapango.
“Seguimos limpiando el país de estos terroristas, que durante muchos años dañaron a miles de familias”, aseveró el mensaje de la PNC en su cuenta en X.
Arias Alegría, al ser catalogado como cabecilla de la Mara Salvatrucha, puede llegar a recibir una condena de hasta 60 años de prisión, según las reformas que la Asamblea Legislativo aprobó el año pasado a la Ley contra el Crimen Organizado.
Como una demostración de que lo prometido no es juego, las autoridades divulgaron que tres pandilleros recibieron a inicios de año una condena de 20 años de cárcel por obligar a dos personas a desalojar su casa.
Las autoridades precisaron que los terroristas irrumpieron la vivienda de las víctimas con armas de fuego y les manifestaron que iban asesinarlas si no desalojaban.
Estas acciones en meses anteriores quedaban impunes pero en el último año, las autoridades intensificaron la persecución del delito y un gran número de salvadoreños recuperaron propiedades que le ocuparon las pandillas, desde donde encubrían sus actividades.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República estableció con pruebas, que los pandilleros cometieron el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación.
Los fiscales demostraron que el 16 de febrero de 2018, en el cantón El Sitio de ese municipio, llegaron 15 miembros de la pandilla, entre ellos Irvin Eduardo Peña Palma, Rafael Ernesto Peña Campos y Edwin Alexander Quevedo Ramos, para amenazar a las víctimas quienes ya habían denunciado ante la Policía Nacional Civil la desaparición de un familiar.
Estos ejemplos son apenas la punta del iceberg de un problema que carcomió durante años al llamado Pulgarcito de las Américas, y que, convertido en política, será la principal carta de presentación del presidente Nayib Bukele para reelegirse en los comicios del 4 de febrero de 2024.
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