No tenemos por qué pagar una campaña anticipada, a través de una consulta popular innecesaria que lo único que demuestra es un derroche de dinero en medio de una crisis fiscal, manifestaron los docentes en un comunicado.
Los integrantes de la UNE denunciaron que los más de 50 millones de dólares que serán usados en una consulta que, según los educadores, se puede hacer a través de reformas jurídicas, pueden ser invertidos en políticas públicas, planes de prevención para que los niños y jóvenes dejen de ser reclutados por las bandas delincuenciales, alertaron.
Asimismo, llamaron a declarar en emergencia al sistema de educación del país andino, donde más de 200 mil niños permanecen fuera de las aulas.
Los educadores ecuatorianos convocaron a una jornada de movilización a nivel nacional que tendrá lugar el próximo 18 de enero, en densa de la vida, por la seguridad, por los derechos del magisterio y para que no se despilfarren los recursos en una consulta innecesaria, expresaron.
La propuesta de reforma del gobernante ha generado diversas opiniones en esta nación sudamericana, pues muchos la catalogan como inoportuna y errática.
En este sentido, varios asambleístas consideraron que ese referendo necesita ser bien analizado por el Parlamento ya que, según los legisladores, no pasa solo por el texto de las preguntas, sino por entender el alcance de sus anexos.
El pasado miércoles, el jefe del Ejecutivo justificó su propuesta de consulta popular, como la vía para solucionar la crisis económica, de inseguridad y el desempleo aquí.
A través de un mensaje en cadena nacional, el joven empresario detalló que el referendo estará enfocado en tres objetivos, la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia, el apoyo del sistema de justicia para que los condenados tengan penas más altas y en promover el empleo a través de nuevas contrataciones y a actividades económicas.
Mientras tanto, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos exhortó a la Corte Constitucional ecuatoriana a no dar paso a la consulta “por la intrascendencia de las preguntas y la afectación económica al presupuesto nacional”.
El organismo judicial tiene 20 días para emitir un dictamen sobre la iniciativa del jefe del Ejecutivo y, de ser aprobada, correspondería al Consejo Nacional Electoral convocar a los ecuatorianos a las urnas.
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