La ley 7236/2024, aprobada por el mandatario en medio de un escándalo contra autoridades que nombraron a familiares en puestos públicos, modifica principios de la 7089/2023 que rechazan esos actos, lo cual “alienta el nepotismo y la corrupción”, subraya la publicación.
Peña desoyó a la ciudadanía defensora del veto y promulgó esa norma, “que da un mazazo a la versión bastardeada de la ley que castiga casos de conflicto de intereses” en la función pública, afirma ABC Color.
Según el diario, la nueva ley, que consta de 18 artículos, transforma la normativa vigente y elimina toda obligación de declarar nexos familiares potencialmente vinculados a negociados, y garantiza la impunidad cuando haya incumplimiento de la ley.
El presidente favoreció también con su decisión –agrega ABC Color- a su sector político, el movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente del país y titular de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC), Horacio Cartes, denunciado por varios delitos en los últimos meses.
Por su parte, la Fiscalía General inició una investigación por el escándalo por nepotismo alrededor de los hijos del presidente del Congreso (Silvio Ovelar) y del vicepresidente de la República (Pedro Alliana), “contratados en situación de privilegio”, de acuerdo con el diario Última Hora.
Esa publicación llamó en un editorial a «un Parlamento sin nepotismo y otros privilegios y vicios», y denunció las malas prácticas que abundan en esa instancia, cuyos miembros favorecen a parientes y amigos, expropian propiedades del Estado y decenas de nombramientos de sus parientes quedan impunes.
El periódico aludió al “mediatizado escándalo alrededor de hechos de nepotismo en el Parlamento, aunque admitió que “son apenas la punta del iceberg”.
La publicación recordó cómo el año pasado, “a escasos días de las elecciones (del 30 de abril) y con un Presupuesto General 2023 ‘desfinanciado’, se tomó la decisión de hacer pagos extras en beneficio de 74 mil 500 funcionarios, un monto superior a los siete millones de dólares”.
Aquellos aumentos, pagos extras bajo el rótulo de subsidio familiar y nombramientos, así como convocatorias para seguros médicos fueron algunos de los privilegios que concedió el Gobierno a los funcionarios públicos como motivación poco antes de los comicios, señala el diario.
Una investigación periodística realizada por Última Hora reveló que el 70 por ciento de los funcionarios del Poder Judicial están afiliados a la gobernante ANR-PC, incluidos magistrados, jueces y miembros del Congreso.
Para Última Hora, “la parentela, los amigos y recomendados de nuestros políticos siguen desangrando el presupuesto, mientras los hijos de diputados y senadores, liberales y ‘colorados’, denunciados a diario a través de los medios de comunicación y las redes sociales, permanecen en los cargos en su mayoría.
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