«Falsos patriotas que no respetan los símbolos de la patria, falsos religiosos que no cultivan la paz, el bien y el amor», afirmó Barroso en un acto en la sede del STF para recordar los ataques.
Denunció que en esos episodios se presenció «la más profunda y desoladora derrota del espíritu. En una especie de alucinación colectiva, miles de personas aparentemente comunes, infladas por falsedades, teorías conspirativas, sentimientos antidemocráticos y rencor, fueron transformadas en criminales, aprendices de terroristas», aseguró.
Según el titular del Supremo, los implicados en esos sucesos violentos están siendo responsabilizados por los delitos cometidos, como intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y depredación del patrimonio público.
«En Brasil, a diferencia de otros países, la democracia permaneció firme. Hubo otros países en los que el autoritarismo prevaleció y la resistencia de los tribunales no fue suficiente», refirió.
Ponderó el papel de diversos entes en la resistencia democrática, como la sociedad civil, la clase política y la prensa.
En tal sentido valoró el papel de los medios de comunicación «de reocupar el espacio público de hechos comunes compartidos por las personas».
Además, «de enfrentar ese tiempo extraño que nosotros vivimos de las narrativas falsas, en las cuales las personas creen que pueden construir narrativas que no corresponden a los hechos, sino a sus convicciones».
La solemnidad se abrió con la exhibición de un documental que recuerda los episodios del 8 de enero de 2023.
En esa fecha, marcada en negro en la historia nacional, adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro invadieron y depredaron los edificios del Congreso Nacional, el STF y el Palacio Presidencial, bajo gritos de intervención militar y de rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Tras las agresiones, la Corte Suprema detuvo a unas dos mil personas, de las cuales 30 fueron condenadas a penas que alcanzan los 17 años de prisión.
Por los hechos, las investigaciones continúan y la Policía Federal cumple este lunes 46 órdenes de búsqueda y registro, y una de prisión preventiva, despachadas por el tribunal superior contra presuntos financiadores de la asonada.
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