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Diputados argentinos debatirán paquete de leyes

Buenos Aires, 8 ene (Prensa Latina) Diputados argentinos iniciarán mañana el análisis de un paquete de leyes que establece la emergencia económica, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, confirmaron hoy fuentes oficiales.

Según la agenda publicada de la Cámara baja del Congreso, alrededor de un centenar de miembros de ese organismo participarán en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, la cual comenzará a las 14:00, hora local.

El miércoles tendrá lugar otro encuentro de carácter informativo y por el momento no se espera la firma de dictámenes.

En un comunicado, los diputados de la alianza Unión por la Patria exigieron la presencia de los nueve ministros del Gobierno de La Libertad Avanza en los debates y criticaron la posible participación de funcionarios de forma remota.

Son más de 880 artículos con más de 25 campos de análisis. Arbitrariamente, en Diputados dieron giro a tres comisiones. Pedimos que todos los titulares asistan presencialmente a las comisiones. No hay excusas, añade el texto.

El proyecto, llamado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, señala que el período de emergencia podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por un plazo máximo de dos años y dispone la privatización de empresas y sociedades estatales.

Entre esas entidades se encuentran Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamiento, el Banco de la Nación, la Casa de Monedas, el Correo Oficial, la Empresa de Navegación Aérea, la de Energía, Ferrocarriles, la Radio y Televisión, la agencia de noticias Télam y Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Además, elimina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; y permite renegociar o rescindir contratos de la administración pública.

También crea un nuevo régimen para la regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social.

Por otra parte, establece que “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes”.

Suspende el sistema para aumentar el haber jubilatorio cada tres meses y señala que el Ejecutivo establecerá una fórmula automática de ajuste.

mem/gas

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