Bajo gritos de intervención militar y de rechazo a la asunción al poder de Lula, adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron y depredaron el 8 de enero de 2023 los edificios del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
A propósito del cumplirse un aniversario de los episodios, el fundador del Partido de los Trabajadores confirmó que invitó a gobernadores, parlamentarios y empresarios al encuentro destinado a «recordar al pueblo» que la democracia impidió un intento golpista.
Señaló que la cita, a celebrarse en el Salón Negro del Congreso Nacional, servirá para corroborar a los inseguros que el «régimen democrático» es lo único con certeza.
Recientemente, Lula, sin mencionar nombre, culpó por los actos antidemocráticos a Bolsonaro, «responsable directo, que planeó todo esto y que, cobardemente, se escondió y salió de Brasil con antelación».
Certificó que el exmilitar «no aceptó nuestra victoria. Se sabe que trató de desmoralizar, todo el tiempo, la Justicia Electoral. Se sabe que trató de desmoralizar todas las instituciones posibles», refirió. Tal invasión provocó una respuesta del STF que ordenó la prisión inmediata de al menos dos mil 170 supuestos participantes en el asalto en Brasilia.
La Fiscalía presentó un total de mil 390 denuncias y, hasta la fecha, un poco más de 30 personas resultaron condenadas a penas de hasta 17 años de prisión.
Bolsonaro, quien tiene suspendidos sus derechos políticos durante ocho años (2030) por abuso de poder y uso indebido de medios de comunicación para deslegitimizar el sistema electoral, es investigado por su presunta incitación a los ataques.
En un tenso ambiente, el Parlamento instauró el 25 de mayo la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) sobre los eventos antidemocráticos.
Publicado por la senadora Eliziane Gama, el informe final de la CPMI clasificó el 17 de octubre las acciones como obra del bolsonarismo (adeptos de Bolsonaro) y se acusa de la invasión a los predios públicos a 61 personas, entre ellas al político ultraderechista.
Respecto a Bolsonaro, Gama plantea que sea acusado de cuatro delitos: asociación para delinquir, intento de abolición violenta del Estado de Derecho, intento de derrocar un gobierno legítimamente elegido y uso de medidas para impedir el libre ejercicio de derechos políticos.
Con el documento en la Fiscalía se investiga ahora por la senda penal el complot del 8 de enero y debe definirse si se sigue la secuencia a las pesquisas de la polémica comisión legislativa.
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