Un primer dato que llama la atención es que hasta hace menos de 15 años hechos como los ocurridos en Ecuador en meses recientes, en particular el repunte de los últimos dos días, eran impensables.
Más aún, en 2015 ese país fue reconocido como el mejor lugar donde vivir para los extranjeros y dos años después mantenía, junto a Chile, la tasa más baja de homicidios en la región.
Bastaron dos gobiernos, el de Lenín Moreno (2017-2021) y el inconcluso de Guillermo Lasso (2021-2023), durante los cuales el Estado miró hacia otro lado, para que esa situación cambiara por completo y se instalara el crimen organizado transnacional.
Las bandas locales dejaron de ser contratistas para el trasiego y distribución a menor escala de los carteles de la droga y se convirtieron en miembros plenos de esas estructuras.
De acuerdo con un artículo del especialista chileno en temas de seguridad, Pablo Zeballos, publicado este miércoles en el diario El Mostrador, en Ecuador el crimen organizado ganó la primera batalla al demostrar su capacidad de dominio territorial y desafío al Estado.
Lamentablemente, agregó, estos no son hechos aislados o novedosos en nuestra región, porque ya ocurrieron en Colombia, México y varios países centroamericanos.
En particular las cárceles dejaron de ser centros de cumplimiento de condenas y se convirtieron en núcleos operativos de grupos delincuenciales cuyos líderes, incluso, están más seguros y con mayor libertad de acción dentro de sus muros que fuera de ellos.
La pregunta inquietante en estos momentos es si Chile está ya recorriendo los primeros tramos en esta dirección y hay muchas evidencias que apuntan precisamente a favor de esta hipótesis.
Desde julio de 2022 un reportaje del canal 13 de la televisión privada advirtió sobre la presencia en el país de al menos cuatro organizaciones criminales: el Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Golfo y el de Sinaloa.
Hoy, año y medio después, el director de la unidad especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo Val, dijo al sitio digital ADN que hay otras tres bandas operando aquí, los Chotas y los Espartanos, de Colombia, y los Pulpos, de Perú.
El 11 de diciembre reciente, con motivo de la entrega del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el presidente Gabriel Boric advirtió que cuando la sociedad y sus fuerzas políticas se dividen, el crimen organizado aprovecha los resquicios y avanza.
El tema es que desde hace tiempo hay una polarización política en este país y las cuestiones de seguridad en lugar de ser una prioridad del Estado, se convierten en arma para atacar al adversario, sobre todo desde la derecha contra el gobierno actual.
Mientras tanto la situación se deteriora. Las cuatro fiscalías regionales metropolitanas informaron que en 2023 hubo un repunte de homicidios y secuestros en esta zona
Sólo en dos meses, noviembre y diciembre se registraron 82 casos, de los cuales 78 por ciento fueron muertes violentas y 22 de cada 100 secuestros, varios de ellos con fines de extorsión.
El subsecretario del Interior Manuel Monsalve dijo recientemente que estamos frente a delitos, particularmente homicidios, mucho más violentos, y mucho más macabros de lo que está acostumbrado el país.
De manera paralela crece la posesión de armas de fuego en manos de la población civil.
Según registros oficiales, que sólo informa de los pertrechos legalmente adquiridos, hasta noviembre del año pasado estaban inscritas aquí 859 mil 644, entre pistolas, revólveres, escopetas y rifles.
No existe un estimado de las que están en posesión de la delincuencia y los grupos del crimen organizado, pero las continuas balaceras en determinados lugares de la capital señalan una cifra bastante elevada.
Según Pablo Zevallos, Chile debería sacar varias conclusiones de la crisis desatada en Ecuador, entre ellas prestar más atención a las cárceles e impedir su conversión en centros de mando del crimen organizado.
Es importante entender bien a qué se está enfrentando Chile, porque la delincuencia transnacional requiere respuestas integrales no politizadas, ni de debate electoral, sino de acción firme del Estado, señaló.
Atacar con energía la corrupción, principal puerta de entrada de este azote, vigilar los puertos y capacitar en estos temas a las fuerzas de seguridad, son otras conclusiones.
Finalmente aconseja no convertir a la delincuencia en símbolos, impedir que adquiera un estatus atractivo en el imaginario popular, como ocurre en otros países, donde la música y la literatura están creando una especie de subcultura, sobre todo entre los jóvenes menos favorecidos.
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