Según precisó ese espacio en redes sociales, artistas, trabajadores, docentes, y estudiantes de diversas disciplinas participarán en un Cacerolazo Nacional a partir de las 18:00, hora local.
Las demostraciones tendrán lugar en esta capital, Córdoba, Rosario, Santa Fe, San Salvador de Jujuy, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, La Plata, Comodoro Rivadavia, San Luis, San Juan, Mendoza y Neuquén, entre otros territorios.
¡Abajo la motosierra de Milei!, será uno de los lemas de las movilizaciones, convocadas también para repudiar un protocolo antiprotestas implementado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
“Quienes trabajamos en la cultura, el cine, la televisión, el teatro, la danza, la música, las bibliotecas populares, los medios de comunicación comunitarios y cooperativos, expresamos nuestro más enérgico repudio ante el intento de avasallar nuestros derechos”, señala un comunicado del movimiento.
El 20 de diciembre, el Presidente dio a conocer un decreto de necesidad y urgencia que dispone el desarme de más de 300 regulaciones, entre ellas las leyes de alquileres, abastecimiento, tierras, promoción industrial y comercial.
También aprueba la reforma del régimen laboral, modifica el Código Civil y Comercial, cambia el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
Por otra parte, envió al Congreso un paquete de normativas que establece la emergencia económica, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
El proyecto, llamado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, está conformado por más de 600 artículos, otorga atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo y señala que el mismo podrá prorrogar el plazo antes mencionado por dos años.
Además, establece la privatización de empresas y sociedades estatales, elimina las elecciones primarias y permite renegociar o rescindir contratos de la administración pública por razones de emergencia económica y atendiendo la disponibilidad de fondos.
Asimismo, indica que “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes”.
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